Bancadas legislativas coinciden en fijar techos a anualidades, salarios y pensiones de lujo

Las bancas de los partidos Restauración Nacional (PRN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (PFA) coinciden en establecer límites a los salarios y pensiones de lujo en el sector público. También están de acuerdo con imponer techos a las anualidades al tiempo que se les dota de flexibilidad para balancear los bajos sueldos.

Jonathan Prendas Rodríguez, Víctor Morales Mora, Erwen Masís Castro y José María Villalta Florez-Estrada, respectivos representantes de esas fracciones, participaron la mañana de este viernes en un foro del programa Nuestra Voz que tiene como fin informar sobre el acontecer semanal de la Asamblea Legislativa, cuya discusión se abocó en esta ocasión a tratar el empleo público. También estuvo presente la legisladora del Partido Integración Nacional (PIN), Zoila Volio Pacheco, y el tres veces excongresista, Jorge Eduardo Sánchez Sibaja.

El primero de los puntos en el que se focalizó el debate fue la fijación de un tope en el incentivo que reconoce el desempeño de un funcionario año a año. Actualmente, el Gobierno Central desembolsa a los empleados profesionales un 1,94 por ciento de anualidad y a los no profesionales hasta un máximo de un 2,56 por ciento, pero algunas de sus instituciones pagan hasta un 6 por ciento adicional.

Debido a lo anterior, el exdiputado Ottón Solís Fallas presentó el 4 de abril una moción que establecía un tope único de 1,94 a todas las entidades -salvo las protegidas en convenciones colectivas- que fue aprobada por la comisión fiscal que analizó el expediente 20.580 en el periodo 2017-2018 como parte del trámite de vía rápida que cubre la propuesta del gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) para disminuir el déficit fiscal.

No obstante, la aprobación de un texto sustitutivo recomendado por la Casa Presidencial 22 días más tarde hizo que cambiara la contundencia de la moción y acabó por fijar como topes los pagos actuales, con la diferencia que se aplicará para las instituciones que hoy obtienen mayores beneficios.

Villalta destacó que en la iniciativa se propongan límites, sin embargo, señaló que es necesario estudiar cuál debería ser el porcentaje al tiempo que se mantenga cierta flexibilidad para los sueldos bajos como los de los policías, donde la anualidad podría funcionar como equilibrio. Prendas, por su parte, dijo estar de acuerdo con esa posibilidad de variar el tope en casos concretos con la finalidad externada por el frenteamplista, pero indicó que es necesario que aplique la medida por igual a profesionales y no profesionales.

Morales indicó que los cambios en el incentivo se pueden trabajar en la enmienda que los diputados planean hacer al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que urgió a llegar a un acuerdo para modificar el trámite de vía rápida que cubre a la iniciativa desde la legislatura anterior. La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo Herrera, manifestó que ese es uno de los retos a afrontar en las sesiones de la próxima semana.

Para Masís, otro punto fundamental debe ser la fijación de techos en el pago de salarios de lujo a funcionarios públicos, situación con la que concuerda Villalta. Tanto la Unidad Social Cristiana como el Frente Amplio han presentado en el pasado propuestas de ley, por lo que Morales pidió iniciar una discusión tomando como base el texto que genera mayores consensos y aunar a ello las pensiones excesivas.

El presidente Carlos Alvarado Quesada anunció antes de ser electo que buscará integrar una mesa tripartita conformada por el Gobierno de la República y los sectores sindicales y productivos, bajo el arbitraje de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para discutir la reforma del empleo público.