Bolivia quiere usar cámaras para vigilar a sus propios jueces

EscándaloVideo en el que un juez extorsiona a una madre cuyo hijo es sospechoso de violación desata tormenta

La difusión de un video en el que un juez extorsiona a una madre cuyo hijo es sospechoso de violación desató una tormenta en Bolivia, cuyas autoridades evalúan medidas como la colocación de cámaras para vigilar a sus propios magistrados.

Una medida preliminar fue la destitución de un fiscal y dos jueces, entre ellos el magistrado José Barrientos, quienes aparecen en el video solicitando $15.000 a la madre de un imputado para cambiar el delito de violación a estupro de una menor de edad.

La pena por violación es de 20 años de cárcel, mientras que la de estupro -acceso carnal con una menor de entre 12 a 16 años- oscila entre 4 y 6.

A causa del escándalo, divulgado reiteradamente por la televisión, el Consejo de la Magistratura destituyó a Barrientos y al juez Jorge Viscarra, quienes irónicamente formaban parte de un juzgado anticorrupción y violencia contra la mujer.

"No protegeremos a nadie y tampoco perderemos el tiempo en procesos burocráticos", dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria al comunicar "la cesación inmediata de los jueces" involucrados.

Ojo con los jueces

En medio de las denuncias, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, ha planteado la necesidad de instalar cámaras que permitan vigilar el comportamiento de los magistrados.

"Necesitamos instalar cámaras de video-vigilancia, lo vamos a hacer, no necesitamos pedir permiso a nadie porque aquí se trata de resguardar las garantías de los ciudadanos bolivianos para ejercer sus derechos, especialmente en el ámbito de la justicia", dijo a la prensa.

Recordó que el gobierno está comprando 500 cámaras de seguridad para instalar hasta febrero del próximo año en las ciudades del eje (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), pero que verán si pueden reubicar algunas para la vigilancia de servidores del sistema judicial.

"Vamos a ver si podemos hacer una reubicación para que se vigile a través de un sistema técnico también la labor de estos operadores de justicia", agregó.

Como consecuencia del "video-extorsión", como le llama la prensa local, un fiscal también fue destituido por supuesta complicidad. De acuerdo con el fiscal general, Ramiro Guerrero, de enero a la fecha fueron destituidos 20 fiscales y 80 desde 2012.

"Este fiscal general no pide renuncias, destituye a la gente manchada por corrupción", manifestó Guerrero.

Ajena al caso del video, otra fiscal de Santa Cruz, este del país, fue destituida este viernes y enviada preventivamente a arresto domiciliario por haber extorsionado con 1.000 dólares a un ciudadano preso por conducir su vehículo en estado de ebriedad.

Según el vicepresidente del privado Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ismael Morón, existen redes de corrupción en los juzgados para torcer la justicia.

"Son montos exorbitantes que se cobran, montos en dólares terriblemente altos que van en proporción al delito cometido, los montos varían de acuerdo a la víctima, de acuerdo a los negociados entre abogados y jueces", dijo Morón a Radio Santa Cruz.