Tres audiencias por caso Cochinilla en diciembre: se verán reclamos por obtención de prueba

El caso Cochinilla tiene tres audiencias en agenda en un mes para discutir aspectos relacionados con medidas cautelares y obtención de prueba.

La primera convocatoria está programada para el próximo martes 30 de noviembre y miércoles 1 de diciembre, en dicha audiencia se discutirá el alcance que tiene la medida cautelar de inmovilización de las personas jurídicas, medida que fue impuesta a las empresas involucradas.

A criterio del abogado Erick Gatgens, defensor de la dueña de H. Solís, Mélida Solís, el Juzgado realiza una interpretación incorrecta de la medida y esto afecta la operación de la empresa.

“El Juzgado Penal interpreta que con esta medida cautelar hay como una especia de inmovilización patrimonial total de todos los activos de la empresa, es todavía más dramático que un embargo porque prácticamente lo que dice la medida cautelar es que usted no puede disponer de ningún bien de la empresa, pero nosotros sostenemos que esa medida cautelar no tiene esos alcances y que es para efectos de agotar la existencia del proceso en el registro mercantil, pero no tiene los alcances que el Juzgado le está dando al tema”, explicó el jurista.

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La discusión sobre esta medida cautelar se dará la próxima semana y a criterio del abogado es urgente que se aclare el panorama ya que afecta directamente la operación de la empresa.

“La tiene (a la empresa) en una situación en la que cada vez que tienen que mover un activo tienen que pedirme permiso al Juzgado”, explicó.

La medida cautelar afecta el uso de los bienes muebles e inmuebles de las compañías involucradas en el caso Cochinilla, no así los dineros o cuentas bancarias.

La segunda vista programada será el 3 de diciembre donde se discutirá sobre la fecha en la que deben empezar a contarse los días o plazos de las medidas cautelares impuestas a los involucrados en el expediente judicial, ya que actualmente se cuentan desde el día 26 de junio, cuando fueron anunciadas, sin embargo, para algunos abogados deberían contarse desde el 14 de junio, cuando se hicieron los allanamientos y las detenciones.

Finalmente, la tercera audiencia del mes será los días 13, 14 y 15 de diciembre donde se hará el reclamo sobre aspectos relacionados con la obtención de prueba y día de los allanamientos.

“Esta es una apelación sobre una serie de órdenes de apertura de prueba y delegación de la apertura en el Ministerio Público, hay, también, reclamos sobre formalidades relacionadas con el día de los allanamientos”, dijo Gatgens.

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Pese a todos los reclamos que se van a analizar en los próximos días, el abogado de la empresaria descarta que alguna de las audiencias represente un cambio en la medida de prisión preventiva que descuenta Mélida Solís, sino que corresponden a temas de investigación y expediente judicial.

Por su parte, la defensa de Solís sí mantiene de forma paralela todos los procesos de solicitud de cambio de medidas basados en el estado de salud de la empresaria, sin embargo, los abogados muestran su preocupación por el lento avance de esta petición.

“Definitivamente que eso nos tiene muy preocupados porque al tratarse de un tema de salud debería haber tenido un trámite expedito, pero han habido atrasos con el tema de las ampliaciones y adiciones a los dictámenes (médicos) entonces todavía estamos a medio camino con eso”, agregó el abogado quien descarta que puedan tener algún cambio aprobado para este año.

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El caso Cochinilla revela la existencia de un supuesto “grupo criminal” conformado por funcionarios públicos y empresarios.

De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación (OIJ) los trabajadores del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y otras entidades, recibieron todo tipo de dádivas a cambio de favorecer a las empresas constructoras MECO, H. Solís, ITP, Constructora Herrera y Cacisa.

Estas compañías tenían un trato preferencial que incluye el acceso previo a carteles de licitación, mejor evaluación en análisis de ofertas y hasta adelanto en pagos de facturas.

El caso involucra a más de 70 personas, de las cuales 28 tienen medidas cautelares con plazo ampliado al 26 de marzo del 2022.

Las medidas cautelares corresponden a suspensión del cargo (en el caso de los funcionarios públicos), prohibición de acercarse a las oficinas de trabajo o a testigos y el impedimento de salir del país.

Además, el "mensajero de MECO", Tobías Arce, quien tenía presencia permanente en Conavi, se encuentra en arresto domiciliario con tobillera electrónica, mientras que los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís se encuentran en prisión.

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