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Consejo de Administración del Conavi

Tras 7 meses del caso Cochinilla, Conavi aún no concluye informe de investigación sobre corrupción

​Miembros del Consejo de Administración de la entidad comparecieron este martes en la Comisión Legislativa que investiga los supuestos actos de corrupción en la entidad

11/01/22 | 19:56pm

Tras siete meses de que se revelara el caso Cochinilla y los supuestos actos de corrupción en la contratación de obra pública, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aún no concluye la investigación sobre lo ocurrido y las posibles actuaciones irregulares que se dieron en la entidad.

La orden de abrir una investigación ocurrió en el mismo mes de junio cuando sucedieron los allanamientos y se dio a conocer el caso; sin embargo, las autoridades de la institución reconocen haber tenido dificultades para avanzar.

Así lo indicaron la noche de este martes 11 de enero los miembros del Consejo de Administración del Conavi, quienes comparecieron ante la Comisión Legislativa que investiga el caso Cochinilla.

La investigación, a cargo de la Auditoría Interna de la entidad, sigue abierta y semanas atrás se presentó un primer informe de la investigación donde el Auditor, Reynaldo Vargas, dijo a los miembros del Consejo que por el momento no había detectado nada que pudiera reportar, así lo indicó el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata.

Otros miembros del Consejo de Administración explicaron que las dificultades en la investigación se dieron porque no se tenía acceso al expediente judicial y por el momento se desconoce cuándo deberá estar lista la investigación abierta desde junio del 2021. También reconocen que se tuvo dificultades en coordinar el trabajo entre las Auditorías del MOPT y Conavi, incluso no saben si al final ambos auditores pudieron trabajar juntos.

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No sabían

El Consejo de Administración del Conavi está conformado por el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, Tomás Figueroa y Berny Vargas, representantes del MOPT; Marcía Cordero, representante de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica; Luis Llach, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privados; Jenny Núñez, representante de la Unión de Gobiernos Locales; Vilma Padilla, representante Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado y la directora ejecutiva del Conavi, Hannia Rosales.

Todos ellos indicaron desconocer sobre los casos de corrupción, tampoco los detectaban, ya que, según justificaron, sólo asistían a la entidad dos veces por semanas durante tres o cuatro horas para participar de las sesiones del Consejo.

En la exposición inicial manifestaron haber dado el mayor esfuerzo para mejorar el trabajo de la Administración.

Sobre el caso Cochinilla, se consultó a los miembros del Consejo si el ministro del MOPT les había comentado que estaban en conversaciones con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por supuestos actos de corrupción en la entidad que lideran y todos respondieron que no, ninguno de ellos tenía conocimiento.

Por otra parte, sí reconocieron que desde el inicio de la gestión detectaron y les preocupó la concentración de contratos a dos de las empresas involucradas en el caso Cochinilla. Además, manifestaron que "comparten la indignación" de la ciudadanía ante las revelaciones del expediente judicial, donde se indica que funcionarios públicos recibían dádivas a cambio de favorecer a las mismas empresas, tanto en el pago de facturas como en la adjudicación de obras.

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A favor

La directora ejecutora del Conavi, Hannia Rosales, defendió la labor de la entidad y dijo que actualmente se tiene mucho dolor por los señalamientos de la ciudadanía.

Rosales dijo que la institución tiene funcionarios profesionales, honestos y técnicos "que aman lo que hacen" y a los que les "duele aún más" los hechos de corrupción y la investigación.

La jerarca manifestó que para evitar situaciones similares a las que se mencionan en el expediente Cochinilla ya se giró una directriz para regular la relación entre funcionarios y empresarios.

"Hemos sido juzgados y sentenciados aún y cuando menos del 5 por ciento de los funcionarios son los que están presuntamente implicados", agregó la funcionaria.

"No vamos a dejar de avanzar, si no es con vagonetas, será con carretillos", dijo Rosales al describir lo vivido en la entidad como "una dura lección".

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