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​Guardaparques de la Reserva Forestal Golfo Dulce detuvieron a la persona que portaba armas de fuego ilegalmente, perros de caza y carne de saíno.

Cazador de saínos en Osa fue sentenciado a dos años de prisión y multa de ¢1,8 millones

​Guardaparques de la Reserva Forestal Golfo Dulce detuvieron a la persona que portaba armas de fuego ilegalmente, perros de caza y carne de saíno.

15/10/20 | 15:10pm

El Tribunal de Flagrancia de Corredores sentenció a dos años de prisión y una multa de ¢1,8 millones a un cazador de saínos silvestres, quien fue detenido en la Reserva Forestal Golfo Dulce en septiembre.

Los guardaparques de la reserva ubicaron al sujeto durante un “operativo de montaña”. El cazador, vecino de Puerto Jiménez de Golfito, fue hallado con carne de saíno, armas ilegales y perros de caza.

El imputado admitió su participación en los hechos denunciados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según indica la sentencia a la que tuvo acceso Ameliarueda.com.

La pena para este sujeto fue de dos años y diez meses de prisión, pero se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena. Él además deberá abstenerse de cometer otro delito por tres años, con la condición especial de no cometer delitos del mismo tipo.

Al sujeto también se le condenó a pagar una multa de ¢1,8 millones, correspondiente al valor de los daños causados. Este monto se calcula tomando en consideración el valor de conservar la especie y su valor para el turismo.

“Nos apena mucho que ciudadanos costarricenses tengan que ser sentenciados a años de cárcel por infracciones a la Ley de la Vida Silvestre”, dijo el administrador de la Reserva Golfo Dulce, Juan José Jiménez, a Ameliarueda.com.

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Debido a los cierres por el Covid-19, los delitos ambientales se han vuelto cada vez más frecuentes en las áreas protegidas de la península, según explicó Jiménez. Esto es algo que advertían los biólogos desde mayo.

“Pareciera que hay una tendencia a un incremento. Sería de esperarse, en la península de Osa el turismo es la principal actividad productiva. Desde marzo, no han recibido turistas. Esto de alguna forma genera necesidades”, dijo Jiménez.

En mayo, un solo operativo en la zona dejó 11 detenidos por distintos delitos ambientales, entre ellos minería ilegal, cacería y deforestación.

Aún así, el administrador de la Reserva Golfo Dulce pidió a la población no involucrarse en estas actividades, ya que tienen un alto impacto en la vida silvestre y pueden provocar multas de millones de colones y penas de cárcel.

Patrullaje

Ante la falta de personal para monitorear las grandes áreas protegidas, el Sinac empezó a recibir ayuda de las comunidades en Osa, explicó Jiménez.

Una figura son los Covirenas, comités de vigilancia comunitarios capacitados por el Sinac. Aún así, con la simple denuncia de actividades ilícitas, las comunidades se pueden involucrar con la conservación, dijo el funcionario del Sinac.

Nuria Ureña, vecina de Rancho Quemado de Osa y voluntaria en patrullajes de conservación, indicó que ha escuchado reportes de cazadores en varias comunidades cercanas. Esto ha mantenido alerta a los vecinos.

“Nosotros estamos siempre pendientes. En el momento en que uno ve personas extrañas, le estamos informando al Sinac. Cuando uno ve que diferentes especies se acercan a zonas vulnerables se les da más cuidado”, dijo.

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Para ella, la protección de los chanchos de monte es importante, ya que juegan un rol importante a nivel de ecosistema y tienen un alto valor para la actividad turística de la zona.

“Un animal vivo vale mucho más que muerto. Sabemos que si cuidamos al chancho de monte, hay una reacción en cadena y protegemos también al jaguar que está en peligro de extinción”, añadió la vecina de Osa.

Por su parte, Jiménez lamentó que se tenga que llegar a sentencias por cacería de animales silvestres, pero indicó que esto, junto con la educación ambiental y el involucramiento comunitario, ayudan a reducir los delitos.

“Estas sentencias más el incremento de operativos de control más todas las actividades de educación ambiental y apoyo a proyectos productivos sostenibles, debe generar que en el mediano plazo erradiquemos en un alto porcentaje la cacería en la península de Osa”, culminó.

Delitos ambientales y Covid-19

Los cierres por Covid-19 han fomentado los delitos ambientales en áreas protegidas a nivel mundial. En ciertos sitios se ha documentado un aumento en la cacería, mientras que en otros se ha documentado un disparo en la deforestación.

Este es el caso de Amazonía, por ejemplo. La organización ambiental WWF identificó un aumento del 64% en la deforestación del Amazonas durante el mes de abril 2020, en comparación con abril del 2019.

La misma afectación se ha registrado en países asiáticos. En Camboya, por ejemplo, activistas ambientales denunciaron la deforestación de la Reserva de Vida Silvestre Prey Lang por parte de madereros.

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En Costa Rica esto es más difícil que suceda, debido a las estrictas leyes ambientales, según dijo en septiembre el investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), Roger Madrigal.

De la caza, no se sabe muy bien qué esperar, según dijo el biólogo de la organización Costa Rica Wildlife, Esteban Brenes, en mayo. Para él, esta actividad podría seguir el mismo patrón que se ha visto en otros países del mundo.

“En África, por ejemplo, la cacería de rinocerontes aumentó con la baja del turismo. En Asia también. Costa Rica es una bomba de tiempo. No sabemos cuánto van a resistir nuestras comunidades”, señaló Brenes.

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