Comisión del cemento rendirá informe único con “votos salvados” de diputados

​Pedirá renuncias, acusaciones penales, reformas a leyes y castigos drásticos a jerarcas

Marcela Angulo

16/12/17 | 11:55am

La comisión que investiga los millonarios créditos otorgados por la banca estatal al empresario Juan Carlos Bolaños, para financiar la importación de cemento desde China, rendirá el lunes su informe final ante el plenario de la Asamblea Legislativa.

Integrada por nueve diputados de diversos partidos (Liberación Nacional (PLN), dos de Acción Ciudadana, uno del Frente Amplio, uno de la Unidad Social Cristiana, uno del Movimiento Libertario y Renovación Costarricense), la comisión fue constituida el 19 de julio y casi cinco meses después concluirá su trabajo el próximo lunes, día en que vence la última de dos ampliaciones de plazo que solicitaron sus miembros.

Su objetivo, según la moción aprobada por 40 legisladores, fue analizar los millonarios créditos para importar el cemento, revisar las actuaciones de las juntas directivas y gerentes del Banco de Costa Rica y el Banco Popular –bancos de donde salieron los préstamos más cuantiosos—y la sospechada influencia política de autoridades de gobierno y políticos en favor de particulares.

La comisión está integrada por los legisladores Sandra Pizk, Ottón Solís, Abelino Esquivel, Ronny Monge, Julio Antonio Rojas, William Alvarado y Nidia Jiménez. Todos ellos realizaron una intensa investigación, con prolongadas sesiones en el día y la noche y la comparecencia de 125 personas, entre ellas diputados magistrados, fiscales, jerarcas ministeriales y hasta el Presidente de la República.

El diputado Solís fue, junto con Patricia Mora, uno de los integrantes más activos en convocar a audiencia a posibles testigos. Para Solís la comisión hizo un excelente trabajo, que culminará con propuestas de reformas o creación de leyes, solicitudes de renuncias, destituciones y sanciones contra jerarcas de los tres poderes de la República y partidos políticos.

Solís mencionó, inclusive, que se podría aprobar una petitoria para que la Fiscalía le abra causa penal por falso testimonio a algunos de los comparecientes.

El aboga porque las conclusiones se incorporen a un informe unánime, que contendría, sin embargo, votos salvados o salvedades de algunos diputados en ciertos temas, explicó por aparte a Ameliarueda.com Abelino Esquivel, del Partido Renovación Costarricense.

Esquivel criticó al diputado Solís, con quien no coincide en nada, ya que éste convirtió la comisión en una “inquisición”, cuando "todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

El informe con el que sueña Solís debe ser “contundente y drástico”. Esquivel piensa, por el contrario, que los diputados solo deben señalar hechos y no sancionar ni recomendar castigos, aspectos que le corresponde asumir al Ministerio Público.

El tráfico de influencias es quizá el principal descubrimiento que hizo la comisión sobre el caso del cemento chino, entre otros que salieron a colación durante el proceso investigativo. Así lo concluye Solís al explicar lo primordial del trabajo realizado en el Congreso. “Ese tráfico se dio entre personeros de los tres poderes de la República y de los bancos del estado”, dijo a AmeliaRueda.com el legisador de Acción Ciudadana, que calificó los sucesos como el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de Costa Rica.

No disimuló su disgusto con los hechos que quedaron al descubierto durante el proceso, sobre todo en lo que se refiere al Poder Judicial. “Creo que la clase política a cargo de la toma de decisiones no tiene reparo en ayudar a interteses específicos de particulares, lo cual viola todas las leyes que que hace a los costarricenses iguales ante la ley.

Consideró que todo el caso es “una amenaza a la democracia”, en especial porque toca de lleno al Poder Judicial, donde quedó claro que “hay intercambio de favores entre amistades”. Sin embargo, no le asombran las revelaciones en este poder de la República. “Hace tiempo se vienen oyendo historias de que en la Sala Tercera existe una camarilla dedicada a proteger a la clase política”, dijo.

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