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Bandera de Costa Rica con edificio de estudios generales de la UCR al fondo.

Comisión legislativa planteará reformas a administración de dinero para U públicas

​Foro acudirá a representantes de casas de enseñanza superior para estudiar los eventuales cambios que se propongan

Una comisión legislativa tendrá la tarea de estudiar y plantear reformas en la administración del dinero que reciben las universidades públicas mediante el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

De forma unánime el Congreso aprobó este jueves una moción que tiene la finalidad de revisar la manera en la que estas instituciones manejan los recursos y plantear proyectos de ley para hacer modificaciones.

El diputado proponente, Wagner Jiménez, aseguró que el foro tiene como finalidad aportar y no pasarle por encima a las universidades.

"Vamos a ser respetuosos del marco de autonomía universitaria como lo establece la Constitución Política, no obstante, estaremos pendientes como representantes del pueblo de buscar alternativas inteligentes para fortalecer la educación superior de este país", manifestó el liberacionista.

Lea: Universidad Nacional adjudica obra con un costo de más de $14 millones.

La moción además establece que se convocará a audiencias a autoridades de estas instituciones así como representantes de federaciones de estudiantes con la finalidad de conocer sus puntos de vista con respecto a la administración del FEES.

Esta inquietud surgió luego de la polémica que generó la remodelación de la plaza de la diversidad y casa estudiantil en la sede central de la Universidad Nacional (UNA) por un monto de $14 millones. Todas las bancadas legislativas cuestionaron la inversión aduciendo que el país se encuentra haciendo esfuerzo para evitar una crisis fiscal y se deben priorizar mejor los gastos de todo el sector público.

Lea: UNA revoca adjudicación de remodelación de plaza valorada en $14,5 millones.

El Fondo Especial para la Educación Superior es la fuente de ingresos para el funcionamiento de las cinco universidades estatales y se negocia cada cinco años.