Congreso aprobó ley sobre pesca de arrastre sin considerar aspectos técnicos y científicos

Pocos meses antes de concluir sus labores, la Asamblea Legislativa anterior aprobó en primer debate una ley para volver a instaurar la pesca de arrastre en el país, sin embargo, lo hizo sin tomar en consideración aspectos técnicos y científicos que demuestran su insostenibilidad.

Así lo señalaron los magistrados de la Sala IV, quienes encontraron vicios y declararon inconstitucional el procedimiento en la tramitación del expediente 18.968 Ley para el Ejercicio Sostenible de la Pesca Semiindustrial Camaronera en Costa Rica.

En el pronunciamiento, el Tribunal señaló que los excongresistas decidieron dar el primer aval a la iniciativa sin tomar en consideración la advertencia expresa en la sentencia N° 2013-010540 que prohibió la técnica, así como los señalamientos realizados por instancias competentes.

La Sala Constitucional indicó que para que la pesca de arrastre pueda instaurarse necesita de estudios que respalden la reducción significativa de la captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible, situación que en la actualidad no se ha demostrado.

El 20 de marzo 35 de 42 diputados presentes aprobaron el expediente 18.968. La bancada del Frente Amplio de entonces fue una férrea opositora a la iniciativa, por lo que la llevaron al Tribunal para su valoración.

Este proyecto de ley se suma a los intentos fallidos de la administración Solís Rivera por tratar de revivir la pesca de arrastre. Otro planteamiento reciente surgió desde un acuerdo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) señalando una serie de medidas para evitar la captura incidental pero sin tener la venia de sectores ambientales y científicos. Al final, la misma Sala Constitucional ratificó la sentencia del 2013 tras declarar con lugar un recurso de amparo en contra de la decisión de la entidad.

Tanto el presidente de la República, Carlos Alvarado, como el ministro de Ambiente y Energía (MINAE), Carlos Manuel Rodríguez, aseguraron estar en contra de la técnica y que el nuevo Gobierno no la impulsará acogiendo lo señalado por los magistrados desde hace cinco años.