Contraloría ordena al CONAVI "tomar decisiones" sobre vía Sifón-Abundancia

El trabajo de gestión que ha realizado el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) sobre el tramo de carretera entre Sifón y la Abundancia en San Carlos ha sido "deficiente" e "inadecuado", debido a que el mismo carece por completo de una definición sobre el alcance de las obras, de los plazos para su construcción y de los costos para concluirlo.

Por esta razón, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un oficio a esta dependencia, donde se le realiza una advertencia y se le ordena "tomar decisiones" respecto al proyecto, según consta en oficio DFOE-IFR-0460 emitido el 20 de noviembre al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), German Valverde.

"Valorada la situación, se le ordena al Consejo de Administración del CONAVI, que tome una decisión definitiva respecto a la continuidad de la fase constructiva del Proyecto, dadas las condiciones de incertidumbre e indefinición en que se encuentra. Ante cualquier decisión que tome sobre la continuidad de la fase constructiva del Proyecto, ese cuerpo colegiado deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones indicadas en los incisos del a) al f) del apartado 3) anterior, de tal forma que asegure la funcionalidad de extremo a extremo del Proyecto de construcción de la nueva carretera a San Carlos, sección Sifón – Ciudad Quesada (La Abundancia). Además, la decisión que adopte ese Consejo de Administración, deberá garantizar la satisfacción del interés público y la protección a la Hacienda Pública. Lo anterior, sin perjuicio de otras acciones de fiscalización y/o investigación por parte de este Órgano Contralor. Finalmente, ese Consejo deberá informar a esta Contraloría General, en un plazo de 15 días hábiles, el acuerdo que adopte para el cumplimiento de lo aquí ordenado", reza el documento.

La Contraloría evidenció que existen serias carencias en el desarrollo de la obra. Por ejemplo que la Administración ha venido haciendo adiciones al proyecto lo cual a juicio de la Contraloría evidencia que no existían los estudios previos necesarios para realizar los diseños.

Otro de los aspectos que preocupa es el financiero. Para ejecutar el proyecto se suscribió un contrato por un monto inicial de $61 millones ejecutables en un plazo de cuatro años. Este refrendo se produjo en 2005.

Pese a ello se le pidió a la CGR una variación en el precio y los plazos en 2011. El monto original subió en $77 millones.

De nuevo en 2014 se pidió otro cambio y al monto aprobado se le agregaron $43 millones más.

Para julio de 2017 se pidieron $24 millones más para que la empresa a cargo - Sánchez Carvajal- realizara la obra, a lo cual la Contraloría se negó por no establecer cin claridad información sobre estudios, diseños, plazos y montos.

A la situación financiera se le han sumado también problemas de gestión, según el ente Contralor.

Por ejemplo en 2015 se alertó de gravedades en el avance de obras como puentes, taludes considerados críticos e intersecciones que no se habían construido. También había expropiaciones pendientes