Corte se alista para elegir nuevo presidente en medio de crisis y cargada de magistrados suplentes

La Corte Suprema de Justicia se prepara para elegir a su nuevo presidente en medio de una de las mayores crisis que ha atravesado como institución y plagada de magistrados suplentes (al menos 8 de 22 magistrados), en parte consecuencia de sanciones o retiros adelantados que tienen que ver con el escándalo de corrupción del cemento chino.

Será este lunes cuando se abra una discusión para elegir a la nueva cabeza del Poder Judicial. Según fuentes cercanas de AmeliaRueda.com, para asumir el cargo se perfilan los nombres de Fernando Castillo Víquez y Fernando Cruz Castro, de la Sala Constitucional, y Orlando Aguirre Gómez, de la Sala Segunda.

Ese día se analizará una excepción al reglamento, para hacer una elección más inmediata a lo estipulado considerando el momento que atraviesa la entidad, la cual cabe dentro de lo "excepcional", tal y como lo confirmó a este medio el magistrado Román Solís Zelaya.

Que tan próximo vaya a ser ese proceso dependerá de lo que acuerde la Corte Plena en su sesión ordinaria.

El procedimiento para la votación del presidente del Poder Judicial requiere en primer lugar la presentación de las candidaturas y sus respectivas propuestas.

Posteriormente, los demás magistrados podrán realizar preguntas y observaciones a los aspirantes, quienes tendrán un espacio para responder.

Al momento de la elección deberá haber un quórum de 22 magistrados. Cuando cada uno de estos vaya a emitir su voto, deberá hacerlo de forma secreta, según consta en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para declarar un ganador, alguno de los candidatos deberá obtener al menos 12 votos, es decir, mayoría simple; sin embargo, si ninguno logra alcanzar esa suma, se procederá a una segunda ronda. El proceso se repetirá -en caso de ser necesario- hasta cinco veces.

Inmerso en crisis

La elección de un nuevo presidente para el Poder Judicial se deriva de la jubilación de Carlos Chinchilla Sandí, quien dejó el cargo el 16 de julio anterior, asediado por los cuestionamientos que giraban alrededor de sus actuaciones en la desestimación que determinó la Sala Tercera -a la cual pertenecía- el 20 de febrero del 2017 contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Hugo Morales Zapata, por presunto tráfico de influencias en el caso del cemento chino.

Debido a ello, la Corte Plena determinó el pasado 11 de julio amonestar por escrito a ese magistrado, así como a la presidenta del Tribunal, Doris Arias Madrigal; el juez titular, Jesús Ramírez Quirós; y la suplente, María Elena Gómez Cortés.

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A los cuatro magistrados el órgano superior acordó abrirles la causa disciplinaria el pasado 6 de diciembre, a raíz de una queja interpuesta el 30 de octubre del 2017 por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), la cual denunció que los magistrados desestimaron la causa contra los entonces legisladores a pesar de que prueba recabada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cientos de contactos telefónicos de estos con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, quien actualmente está en prisión preventiva.

La indignación ciudadana -manifestada con una protesta en la Plaza de la Justicia dos días más tarde- llevó a la Corte a dar marcha atrás con leve sanción e imponer una suspensión contra los jueces cuestionados el mismo 16 de julio en que Chinchilla anunció que se pensionaba. Lo anterior lo cubrió a él del castigo.

Diferente escenario viven los otros altos jueces, pues Arias y Gómez presentaron un medida cautelar provisional en la madrugada del 18 de julio, la cual fue resuelta tres horas más tarde por el técnico judicial Alcevith Godinez Prado, lo que levantó provisionalmente la suspensión de ambas por dos meses y sin goce de salario. Un día más tarde, la Fiscalía General de la República abrió una causa penal contra los tres funcionarios por tráfico de influencias.

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Ramírez, por su parte, empezó el jueves a descontar su castigo.

Esa crisis se suma a la que protagonizó el también exintegrante de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, quien fue removido el 10 de abril por 39 diputados de la Asamblea Legislativa, luego de que se comprobaran sus nexos con Bolaños, quien permanece preso desde noviembre anterior como parte de una investigación por supuestas irregularidades en la obtención de una línea de crédito por $30 millones en el Banco de Costa Rica (BCR).

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Puestos vacantes

Antes de las salidas de Chinchilla y Gamboa, se suma la jubilación del constitucionalista Ernesto Jinesta Lobo, además de que el Congreso ya tenía pendiente el nombramiento de cuatro magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia.

Una de las sustituciones más destacadas es la del exjuez Gilberth Armijo Sancho en la Sala Constitucional, ya que dicho proceso tiene más de dos años y medio pendiente de una solución.

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También está pendiente la resolución de quien ocupará la plaza dejada por la jubilación en la Sala Tercera del exjuez José Manuel Arroyo Gutiérrez, así como las de Eva María Camacho y Zarela Villanueva Monge, en la Sala Segunda.