Corte deberá resolver solicitud que pide a magistrados investigados no votar en elección de Fiscal

La Corte Plena deberá resolver este lunes una solicitud para que los magistrados que estén siendo investigados no puedan participar en la elección del Fiscal o la Fiscala General de la República.

El pedido tiene que ver con un oficio planteado por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) para que a 17 de los 22 altos jueces se les impida votar entre Emilia Navas Aparicio y Ronald Segura Mena para dirigir el Ministerio Público, porque a los magistrados se les han interpuesto denuncias penales que son lideradas por la primera, quien ostenta el cargo de manera interina.

"Habría que ver si eso es suficiente para no conocer un nombramiento. Si fuera una causa disciplinaria-penal podría ser diferente", explicó la mañana de este lunes en el programa Nuestra Voz el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí.

El también magistrado de la Sala de Casación Penal agregó: "A mí eso no me preocupa en absolutamente nada. Yo soy completa y absolutamente independiente, no siento que eso provoque en mí absolutamente nada y creo que ese es el sentir de los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, pero lo vamos a discutir en la tarde".

Chinchilla Sandí se comprometió en el espacio radiofónico a que la elección del Fiscal o la Fiscala quede resuelta esta misma tarde, arrancando a eso de las 2:00 p.m. con la discusión y votación de las opciones recomendadas el pasado viernes por la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial.

Navas asumió la Fiscalía General de la República de manera interina, mientras que Segura es el presidente del grupo sindical llamado Asociación Costarricense de Fiscales y es jefe de la Fiscalía de La Unión.

Para ser electo, el candidato a liderar el Ministerio Público necesitará el apoyo mínimo de 12 de los 22 altos jueces.

Pendiente en agenda

Otro de los puntos que será de conocimiento de la Corte Plena son las acciones recursivas presentadas por el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, presentadas días después de que se conociera un informe disciplinario por un viaje que realizó a Panamá en el que coincidió con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas.

El alto juez, suspendido de su cargo desde el 18 de octubre por el mismo caso, presentó tres recursos contra el documento elaborado por el magistrado de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, mismo con el cual la Corte Plena tomó la decisión con el respaldo de 21 de sus miembros de solicitar a la Asamblea Legislativa la revocatoria del nombramiento de Gamboa.

Las quejas van en la línea de que el informe carece de pruebas sustentables y está plagado de subjetividades y que, pese a ello, los magistrados presentaron su voto, según explicó el juez a AmeliaRueda.com.

Una vez resueltas las acciones, la Corte Suprema remitirá, por segunda ocasión, el expediente disciplinario al Congreso para que en él, una comisión conformada por Marvin Atencio Delgado, Edgardo Araya Sibaja y Julio Rojas Astorga; elabore una recomendación que posteriormente será discutida y votada en el Plenario.

En caso de que este alcance votos positivos de 38 diputados, Gamboa será removido de su cargo.

Asimismo, por mayoría los magistrados acodaron enviar el informe al Ministerio Público para que "conozca de los hechos que se mencionan en el informe del Órgano Director del Procedimiento, relacionados con la eventual comisión de los delitos de falso testimonio y perjurio por parte del magistrado Celso Gamboa Sánchez, así como los hechos descritos por el señor David Patey en sus declaraciones".

El actual presidente del Club Sport Herediano (CSH) reveló, en una declaración bajo juramento ante el comisión legislativa que investiga créditos bancarios, que el apoderado de Sinocem Costa Rica le pidió ayudar al magistrado de la Sala Tercera con un crédito por $150 mil.

Paralela a la solicitud de revocatoria que enfrenta Gamboa, el miércoles pasado los parlamentarios aprobaron levantarle la inmunidad con lo que contaba por ser un miembro de un alto poder para que enfrente una investigación penal en la que se le señala por tráfico de influencias a favor del alcalde de San José, Johnny Araya Monge.