Corte defiende amonestación a magistrados: "Se apegó estrictamente a procedimiento legal"
Empleados convocaron a manifestación contra la decisión este viernes al mediodía
13/07/18 | 10:52am
La Corte Plena del Poder Judicial defendió la mañana de este viernes la amonestación que impuso a cuatro magistrados de la Sala de Casación Penal, quienes desestimaron una causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata por presunto tráfico de influencias en el caso del cemento chino, al considerar que la misma se dio en estricto apego a un procedimiento legal.
A través de un comunicado de prensa, el órgano superior de la Corte Suprema de Justicia se sacudió de las críticas e indicó que la sanción que se determinó el pasado miércoles en una sesión extraordinaria cumplió una serie de requerimientos a partir del análisis jurídico que hizo el juez instructor del expediente disciplinario, Román Solís Zelaya, quien tras investigar el actuar de sus compañeros determinó la falta como grave, la cual sólo tiene dos posibles sanciones: la suspensión y la amonestación.
El primero de esos componentes requiere de una mayoría calificada, o sea, 15 votos. Precisamente la suspensión fue la primera de las sanciones que se puso en discusión, pero esa medida contó con el respaldo de únicamente 12 magistrados, por lo que se procedió con la amonestación.
La Corte reiteró en su anuncio que el carácter secreto de la votación no es definido por sus 22 integrantes, sino el artículo 165 de la Constitución Política, en el cuál se establece que "los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus miembros".
El mandato de la Carta Magna se replica en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, básicamente bajo el objetivo de que, cuando se juzga entre pares, es primordial que no quede evidencia porque puede afectar las relaciones a lo interno del órgano.
La decisión motivó a los empleados del Poder Judicial a aprovechar su hora de almuerzo para manifestarse este viernes en contra de la cúpula de la Corte.
El movimiento fue convocado por los gremios de trabajadores judiciales y está programado para realizarse entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. en la Plaza de la Justicia, frente al edificio de la Corte, en San José.
La noche del miércoles, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, así como la presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias Madrigal; el titular, Jesús Ramírez Quirós; y la suplente, María Elena Gómez Cortés; fueron sancionados con una amonestación escrita.
A los cuatro magistrados la Corte Plena acordó abrirles la causa disciplinaria el pasado 6 de diciembre, a raíz de una queja interpuesta el 30 de octubre del 2017 por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), la cual denunció que los jueces desestimaron la causa contra los excongresistas a pesar de que existía una prueba recabada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que revelaba cientos de contactos telefónicos de los entonces miembros de la Asamblea Legislativa con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, quien actualmente está en prisión preventiva.
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El informe del OIJ evidenció que entre Guevara y Bolaños existen 608 registros telefónicos entre el 1 de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015; mientras que con Morales son 184.
Dicha desestimación ocurrió el 20 de febrero del 2017 por solicitud de la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, sobre quien cayó la responsabilidad de la desestimación y el lunes fue suspendida dos meses sin goce de salario.
Sin embargo, luego de que inició el escándalo del cemento chino, dicha desestimación se vino abajo y la Fiscalía solicitó en octubre a la Sala Tercera reabrir el caso contra Guevara y Morales, petición que fue avalada por los altos jueces.
La denuncia contra los exdiputados, que se tramita bajo el expediente 15-000022-0033-PE, indica que antes de noviembre del 2014 se aliaron entre sí "para procurar la reforma al Reglamento Técnico de Cemento, y así variar los requisitos para su venta y con ello ampliar los parámetros, lo cual permitiría al coimputado empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, importar cemento desde China, obteniendo con esto un beneficio patrimonial".
El reglamento vigente para el 2014 establecía que el cemento importado no podía tener más de 45 días desde su empaque.
Un mes después de que se volvió a reabrir el caso contra los exdiputado, en noviembre de 2017, la fiscala Emilia Navas Aparicio allanó las oficinas de ambos exlegisladores como parte de la investigación.
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La Fiscalía General de la República también investiga a los magistrados de Sala Tercera a raíz de la denuncia de ANIC.