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Corte IDH se atribuyó anulación de artículo del Código Civil sobre cambios de nombre, según abogado

Párrafo cuarto de la respuesta del tribunal señala que debe prevalecer Convención Americana por encima de normativa nacional

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se "autoatribuyó" la anulación del artículo 54 del Código Civil costarricense en la opinión consultiva hecha por el Gobierno de la República en 2016, en una movida sin precedentes en el tribunal internacional, según aseguró la mañana de este miércoles el abogado especialista en derecho constitucional e internacional, Fabián Volio.

El aporte del experto se dio en el programa radiofónico Nuestra Voz, un día después de que la Corte IDH notificara al Estado que debe legitimar los derechos civiles y patrimoniales, incluido el matrimonio, a las parejas del mismo sexo "sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales".

La respuesta a la opinión consultiva además establece que el país debe garantizar, a través de un trámite expedito y gratuito, el cambio de nombre, anotación del género y adecuación de la imagen de los registros de conformidad con la identidad de género auto-percibida.

Parte de la contestación del Tribunal señala en su cuarto párrafo que "en virtud del control de convencionalidad, el artículo 54 del Código Civil debe ser interpretado de conformidad con los estándares" de la Convención Americana establecidos en el documento, los cuales tienen que ver con una adecuación integral de la identidad de género auto-percibida, basado en el consentimiento libre e informado del solicitante sin requisitos médicos o psicológicos irrazonables o patologizantes, que también debe ser confidencial y libre de acreditaciones de intervenciones quirúrgicas.

Actualmente, el Código establece que: "Todo costarricense inscrito en el Registro del Estado Civil puede cambiar su nombre con autorización del Tribunal lo cual se hará por los trámites de la jurisdicción voluntaria promovidos al efecto".

"Me parece que la parte más importante de la sentencia, parece mentira, no es el resultado sino la competencia que parece haberse autoatribuido (el tribunal) de anular las normas internas de los países (...) De acuerdo con el control de convencionalidad, es decir, la comparación entre las leyes internas y la Convención, que es un tratado internacional aprobado voluntariamente por los países, debe prevalecer la Convención", indicó Volio.

De acuerdo con la interpretación del especialista, la opinión consultiva emitida el martes por la Corte IDH la convirtió en el tribunal constitucional de toda Latinoamérica para la materia de derechos humanos.

"La anulación de una ley interna nunca ha sido competencia de los tribunales internacionales ni de la Corte Internacional de la Justicia (ICJ) ni ninguna otra corte internacional creada por algún tratado. Es una competencia que se limita a los estados, a los tribunales constitucionales u otros órganos internos de los estados, porque evidentemente la promulgación y la anulación de leyes es una competencia de los parlamentos", agregó.