Corte Plena pide cuentas a dependencias por informe de EE.UU. sobre trata de personas en el país

Cuentas​Fiscalía, OIJ y Oficina de Víctimas deben rendir datos, dice Magistrado

La Corte Plena aprobó este lunes pedir cuentas a la Fiscalía General de la República, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la oficina de Atención y Protección de Víctimas, acerca de un informe del Gobierno de los Estados Unidos sobre la trata de personas en Costa Rica.

Magistrado Sala COnstitucional, Paul rueda

La solicitud la hizo el magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda, quien dijo estar preocupado por las cifras dadas a conocer en dicho informe, no solo por los hechos que se mencionan, sino por la cantidad de dinero que habría para contrarrestar ese flagelo y no se ha usado.

Según Rueda las entidades disponen de un mes para presentar informes relacionados al tema, en los cuales se demuestre si el llamado de atención de Estados Unidos y sus cifras son o no ciertas, así como qué se esta haciendo en contra de la trata de personas por cada una de ellas.

Costa Rica -dice el informe del Gobierno de Estados Unidos- es "fuente, puente y destino de hombres, mujeres y niños sometidos a explotación sexual y trabajo forzado. Las mujeres y niños costarricenses son sujeto de tráfico sexual dentro del país, siendo más vulnerables aquellos que viven en las zonas costeras del Pacífico norte y central".

Los servicios para las víctimas de trata de personas continúan siendo inadecuados y el gobierno falló en utilizar algo de los $3,24 millones de un fondo dedicado a apoyar esfuerzos anti-tráfico y anti-contrabando, agrega el detalle.

La directora de Migración, Kattia Rodríguez, aseguró que el informe anual del Gobierno de Estados Unidos no es cierto y lo atribuye a que en Costa Rica se califican otros delitos que ellos no tienen contemplados en sus leyes y juntan varios en uno.

Argumentó que hasta abril la Contraloría General de la República les autorizó el uso de ¢924 millones, ya que debieron hacer una fideicomiso para administrar los fondos provenientes de la venta de tiquetes aéreos para ese fin y compartirlo entre 22 instituciones.