Costa Rica se libra de revisar más de 100 mil sentencias tras ganar juicio ante Corte IDH que interpusieron exdirectivos del Banco Anglo

Resolución​Demanda fue interpuesta en el 2014 por 17 sentenciados

El Estado costarricense ganó la demanda que interpusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cinco exdirectivos del extinto Banco Anglo y 17 personas más que fueron condenados por distintos delitos, quienes alegaban violaciones a sus derechos porque no tuvieron acceso a instancias de revisión cuando fueron enjuiciados.

La resolución del caso conocido como Amhrein y otros Vs. Costa Rica fue dado a conocer este martes por la Corte IDH, la cual concluyó que "el Estado, en esos casos, no violó el derecho a recurrir el fallo", según información divulgada por la Corte IDH y la Cancillería de la República, instancia encargada de representar a Costa Rica.

El litigio fue iniciado en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte IDH, luego de que, entre el 2004 y 2006, 17 condenados presentaron sus reclamos ante esa Comisión (los casos ante la Corte debe ser necesariamente presentados por la CIDH) al alegar que no se les había garantizado el derecho a la revisión integral de sus sentencias penales, por lo que pretendían que en la jurisdicción internacional éstas se anularan.

Litigio

La Corte IDH acogió parcialmente cuatro de las siete excepciones preliminares (alegatos legales relacionados a la forma de la demanda) propuestas por el Estado de Costa Rica. Esto llevó a que el Tribunal conociera en el fondo los alegatos relacionados con las violaciones de la Convención de solo seis de las diecisiete supuestas víctimas.

La resolución concluye que las autoridades judiciales costarricenses encargadas de examinar los recursos dieron respuesta a todas las cuestiones fácticas y jurídicas planteadas por los recurrentes. La Corte Interamericana también descartó que se hubiesen vulnerado las garantías a contar con un juez imparcial, a la presunción de inocencia, a un juicio en un plazo razonable, a la defensa, a recurrir la legalidad del arresto y a la integridad personal, por tanto resolvió que el Estado de Costa Rica no es responsable por las violaciones que se le achacaban.

En una audiencia que se llevó a cabo en agosto del año pasado, la magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias, manifestó que una condena para Costa Rica sería "catastrófica", pues podría obligar al Estado a revisar hasta 110.000 sentencias.

Gioconda Ubeda, quien fue una de las coordinadoras de la defensa de Costa Rica, manifestó su satisfacción por los resuelto."Lo contrario hubiera sido catastrófico para Costa Rica, y para cualquier otro país, no solo por el altísimo costo que representaría para el erario público reiniciar esos procesos penales, sino también por las implicaciones que esto conllevaría a las víctimas que reclamaron justicia en los procesos penales muchas décadas atrás", explicó.

Los exdirectivos del Banco Anglo que acudieron a la CIDH son: Manfred Amhreim, Ronald Fernández Pinto, Carlos González Lizano, Carlos Osborne Escalante y Arturo Dallas Zúñiga. Ellos fueron sentenciados a 15 años de prisión por peculado.

Los otros condenados que acudieron a dicha instancia internacional fueron seis sujetos sentenciados por narcotráfico, dos por tentativa de homicidio y robo agravado, así como otros tres por violación.

Condena

Pese a que en la demanda central la Corte IDH falló a favor del Estado, hubo una en la cual sí condenó a Costa Rica.

Se trata de la que interpuso un exfuncionario del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) identificado como Jorge Martínez Meléndez, quien fue condenado en el 2007 por peculado.

Antes de ser sentenciado, Martínez estuvo un total de 4 años y 9 meses en prisión preventiva, plazo que estuvo por encima del límite legal y por esa razón la Corte condenó a Costa Rica. El plazo máximo de prisión preventiva en ese caso era de 36 meses y Martínez estuvo sin condena 49 meses.

Garantía de defensa

El abogado penalista, Ewald Acuña, manifestó que el fallo es positivo y beneficioso para el Estado costarricense en el tanto se haga una lectura adecuada de esta, ya que independientemente de las sentencias que se habrían tenido que revisar, el resultado acabó por indicar que Costa Rica respetó las garantías de defensa y de apelación de sus ciudadanos de acuerdo con lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lea aquí la sentencia completa.