Decisión de inhabilitar a presidente de Incofer y diputado fue técnica y no personal, dice Contralora

La decisión tomada por la Contraloría General de la República de inhabilitar para ejercer cargos públicos por 6 años al presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Miguel Carabaguíaz, y al diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Walter Céspedes, fue técnica y no personal, afirmó este viernes la contralora Marta Acosta.

En una entrevista en el programa Nuestra Voz, Acosta explicó que el ente contralor nunca resuelve casos con intenciones distintas a las jurídicas o técnicas e insistió en que la decisión de inhabilitar a esos funcionarios no se la "sacó de las mangas" en las últimas semanas, sino que corresponde a un proceso iniciado por la Contraloría hace varios años.

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La Contralora insistió que la entidad atendió un mandato judicial y garantizó que la resolución es objetiva, técnica y apegada al ordenamiento jurídico.


CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MARTA ACOSTA

Acosta declaró que los funcionarios pueden acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para pedir una revisión de la resolución del ente fiscalizador.

Agregó que será respetuosa de cualquier procedimiento que se siga y sus respectivas conclusiones.

La sanción contra los funcionarios quedó en firme luego de que en la resolución R-DC-032-2014 la Contraloría rechazó los recursos de apelación presentados por ellos para evitar la inhabilitación.

La institución tomó la decisión de inhabilitar a ambos funcionarios públicos por estar involucrados en un supuesto traspaso de propiedades calificadas como patrimonio natural del Estado, cuando formaban parte de la Junta Directiva del antiguo Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), ahora conocido como Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

La medida también se le aplicará al exministro de Agricultura, Rodolfo Coto Pacheco, y al exdirectivo Danilo Elizondo Cerdas.