Decreto que permite FIV en el país no es procedente, considera Procuraduría
Asamblea Legislativa es la única facultada para regular derechos fundamentales, afirma Procuraduría
04/11/15 | 17:30pm
El decreto ejecutivo No. 39210-MP-S mediante el cual el Gobierno intentó regular la aplicación de la técnica de reproducción asistida fecundación in vitro (FIV), contradice la constitución Política. Al menos esa es la opinión de la Procuraduría General de la República (PGR).
"Conforme la Constitución Nacional, no es procedente que por la vía de un Decreto Ejecutivo se regulen derechos fundamentales, ni su nivel de protección, ni se establezca la forma en que deben ser ponderados", señaló la Procuraduría en un escrito de 46 páginas remitido a la Sala Constitucional este 3 de noviembre.
La PGR aportó su criterio a la Sala Constitucional a solicitud del gobierno, que el 15 de octubre anterior le pidió su posición en relación con la acción de inconstitucionalidad interpuesta el 7 de octubre en contra del decreto presidencial y que los magistrados acogieron para estudio.
El documento señala que "como cuerpo representativo" la potestad de legislar sobre la FIV recae en el Congreso
"Es claro que la adaptación del ordenamiento jurídico nacional a lo exigido por la Corte Interamericana, requiere la intervención de la Asamblea Legislativa pues dicho Supremo Poder es el que puede configurar el ordenamiento legal que regula y protege los derechos fundamentales", indica el documento firmado por la procuradora general Ana Lorena Brenes.
El abogado de las parejas demandantes Hubert May, calificó de "mentira" y de "improcedente" el criterio de la Procuraduría. A su parecer es improcedente para ejercer un derecho fundamental no se necesita de una ley emitida por la Asamblea Legislativa.
El director jurídico de Casa Presidencial Marvin Carvajal señaló que los argumentos de la PGR son los mimos que emitió siendo agente del Estado y que fueron inútiles en evitar la condena en el 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Inconstitucional
La Procuraduría señala además el decreto que regula la FIV, y que está temporalmente suspendido hasta tanto la Sala no resuelva la acción de inconstitucionalidad, violenta la autonomía constitucional de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) al obligarla a implementar la FIV dos años después de aprobado el decreto.
La Procuraduría también coincide con los recurrentes -la abogada Alexandra Loría Beeche y el bloque de tres partidos políticos evangélicos: Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana; Fabricio Alvarado de Restauración Nacional y Gonzalo Ramírez Zamora de Renovación Costarricense- al considerar que el decreto violenta el derecho de los niños a conocer a sus padres.
Orden de hechos
El pasado 10 de setiembre el presidente Luis Guillermo Solís firmó el decreto que permite la aplicación de la FIV en el país para cumplir con un fallo de la CIDH que obligaba al Estado costarricense a regular la técnica en suelo nacional.
En oposición a la medida, los recurrentes presentaron una acción de inconstitucionalidad que fue acogida para estudio por la Sala IV el pasado 7 de octubre suspendiendo la técnica mientras se resuelve.
Posterior a ello, los abogados de las parejas afectadas por la prohibición, Hubert May y Boris Molina pidieron a la Corte IDH dejar sin efecto el mandato de los magistrados, tras lo cual ese órgano solicitó información adicional al gobierno.
En un documento de 17 páginas el Estado le expuso a la Corte IDH los posibles escenarios si los magistrados declaraban con lugar o no la acción de inconstitucionalidad, y en este les otorgó 15 días hábiles a la Procuraduría y a la Presidencia de la CCSS "para que se manifiesten respecto del objeto de la acción de inconstitucionalidad".
La presidenta de la CCSS, María del Rocío Sáenz indicó, mediante la oficina de prensa que su criterio en cuanto al decreto es consecuente al inicial, en la que consideraron que la FIV debe de ser regulada por una ley.