Defensoría urge aprobación de norma sobre aborto terapéutico tras negativa de Gobierno

Luego de que el Poder Ejecutivo rechazara continuar con el proceso para la aprobación de una norma técnica que permita la aplicación del aborto terapéutico, la Defensoría de los Habitantes urgió al Estado costarricense a regular el procedimiento en el país.

La institución indicó mediante un comunicado de prensa que esta decisión del Gobierno mantiene la deuda del país con organismo del tratado de Naciones Unidas (ONU), el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el incumplimiento del artículo 121 del Código Penal costarricense, el cual permite la interrupción del embarazo cuando la salud o vida de la madre está en riesgo.

La entidad recordó que ante señalamientos en estos órganos internacionales, el Estado costarricense había señalado que se encontraba en proceso de redacción del protocolo para permitir la aplicación del aborto terapéutico, sin embargo, esta semana se conoció que darían marcha atrás al proceso.

"Reiteramos que el Estado continúa sin cumplir las recomendaciones del Comité CEDAW y a partir de la ausencia de esta normativa, no es posible afirmar que en el país se garantizan los derechos de las mujeres en estado de embarazo que requieren acceder al aborto impune a partir de que se encuentra en riesgo su salud y su vida", indicó la Defensoría.

Casa Presidencial y la Cancillería de la República informaron sobre la decisión de dar marcha atrás al proceso este martes a la representación legal de Ana y Aurora, dos ciudadanas costarricenses que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que se les negara la interrupción del embarazo a pesar de poner en riesgo su vida y su salud.

Para evitar una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado costarricense había reconocido la carencia de un protocolo que permitiera la aplicación del aborto impune y se comprometió a crear uno. Fue así como mediante un comité conformado por especialistas en la materia, el Ministerio de Salud confeccionó el documento basado en la legislación costarricense.

Consultados sobre la decisión, el Gobierno adujo que reconoce la necesidad de salvaguardar el derecho de las mujeres, pese a ello se traen abajo más de dos años de negociación con la contraparte.

"Reconocemos que el Estado debe asegurar la vida y la salud de las mujeres y debe reglamentar el artículo 121 del Código Penal. Es por esa razón que se desarrolló un proceso de diálogo de buena fe con las afectadas. En este momento, sin embargo, no se dan las condiciones que permitan avanzar en la aprobación de una norma técnica relativa a esta materia", fue la escueta respuesta del Poder Ejecutivo ante esta determinación.

La abogada representante de Ana y Aurora, Larissa Arroyo, señaló que ante esta situación es imposible seguir con el proceso conciliatorio, por lo que los casos seguirán su curso en el Sistema Interamericano que podrían desencadenar en una nueva demanda contra Costa Rica como lo ocurrido con la Fertilización in Vitro (FIV).