Inversión de Hacienda en Bancrédito agrava déficit fiscal y lo eleva a 6,6%, revela CGR

El déficit fiscal de Costa Rica para 2017 es más grave de lo anunciado por el Ministerio de Hacienda en enero pasado, asegura la Contraloría General de la República (CGR).

La cifra real es de 6,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y no de 6,2 por ciento –una cifra que a inicios de año alarmó por ser la más alta en tres décadas de registros del Banco Central de Costa Rica–, aseguró este jueves la contralora Marta Acosta.

El incremento de 0,4 puntos porcentuales es producto de inversiones de corto plazo (su vencimiento se cumplía en el mismo período presupuestario en que se iniciaron) que Hacienda realizó en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancredito) por ¢100 000 millones en marzo de 2017 y por $50 millones un mes después, las cuales no recuperó en el plazo de vencimiento (diciembre 2017).

"Si bien fueron concebidas como inversiones de Tesorería, en la práctica tuvieron un efecto real sobre las finanzas, lo cual no quedó reflejado en la Liquidación del Presupuesto Nacional, con el consiguiente incumplimiento del principio de universalidad e integridad, y un impacto sobre el déficit financiero del orden del 0,4% del PIB", dice la Memoria Anual 2017 del órgano contralor.

Las operaciones de tesorería no son sujetas de registro presupuestario, explicó la Contralora. Sin embargo, por no haber sido reintegradas a las arcas del Estado dentro del periodo presupuestario 2017 y según la normativa presupuestaria aplicable, Hacienda debió registrar la salida de dichos recursos como un gasto de “Activos Financieros”.

Este incumplimiento es una de las razones por las cuales el Órgano Contralor no avaló la Liquidación del Presupuesto Nacional de 2017.

El Ministerio de Hacienda justificó ante la Contraloría que las inversiones se sustentaron en lo establecido en el artículo 4 de la Ley del Sistema Bancario Nacional. Dicho artículo establece que los bancos del Estado contarán con la garantía y la más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones. Ante la situación financiera de Bancrédito en el primer semestre del 2017 y con el fin de mantener el equilibrio económico, financiero y la confianza de los ahorrantes, se brindó ese "apoyo temporal" por parte del Gobierno.

No obstante, la Contraloría General considera que la situación financiera de Bancrédito al momento de las inversiones conllevaba un alto riesgo de recuperación de los recursos, situación conocida para el Estado, por lo que era factible que Hacienda realizara las gestiones pertinentes que permitieran el registro de la salida de esos recursos presupuestariamente.

El 22 de diciembre de 2017 el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), estando Bancrédito en irregularidad financiera de grado tres, ordenó su intervención por un plazo de seis meses.