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Pese a no ser funcionario público, Bolaños enfrenta acusación de peculado por distracción de fondos

Al empresario se le aplicaría principio de la comunicabilidad

Aunque no es un funcionario del gobierno, el delito de peculado recae sobre el empresario Juan Carlos Bolaños por haber participado de una presunta distracción de fondos públicos.

Así lo explicó el abogado penalista y exjuez de la República, Ewald Acuña, ante las consultas de los radioescuchas que expuso este lunes la directora del programa Nuestra Voz, Amelia Rueda, las cuales estaban relacionadas con las siete detenciones que se llevaron acabo el viernes en un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

El Ministerio Público investiga al importador del cemento chino por peculado, que es la acción delictiva en la que incurrire un funcionario público en caso de sustraer o distraer fondos o bienes que pertenecen al Estado. Además, se le señala por supuesto tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.

No obstante, el peculado forma parte del listado de faltas que aplican sólo para servidores públicos, a no ser de que un ciudadano participe del delito, en cuyo caso aplicaría el principio de la comunicabilidad de las circunstancias, contemplado en el artículo 49 del Código Penal.

"Es un principio que en Costa Rica se ha aplicado desde hace muchísimos años (...) Si un particular participa de la comisión del delito de peculado conociendo que quien está facilitando la sustracción o la distracción de los fondos públicos es funcionario público, esa condición se le transmite, a través de una acción legal, al particular para poder juzgarlo también por el delito de peculado. Porque si no se hiciera se generaría un ámbito de impunidad", indicó el experto en Derecho.

"Es decir, se dejaría a los sujetos particulares que participan del delito de peculado sin sanción", agregó.

Los operativos del 3 de noviembre también arrojaron las detenciones del gerente general suspendido del Banco de Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea; el subgerente de Finanzas y gerente interino de esa entidad bancaria, Leonardo Acuña Alvarado; subgerente de Banca Minorista, Marvin Francisco Corrales; el subgerente de Banca Mayorista, Andrés Víquez; el gerente corporativo de Riesgo y Control Interno, Gilbert Barrantes; y otro funcionario de apellido Ramírez.

Estos seis miembros del Comité Ejecutivo del BCR son indagados por peculado, según ha detallado la fiscal general interina, Emilia Navas.

A los integrantes de la alta gerencia de esa entidad financiera se les señala por "entregar fondos públicos violando reglamentos o normas bancarias", en palabras de Acuña.

"Lo que se sanciona no es la apropiación económica. Eso es un error. Lo que se sanciona es la violación al deber de probidad. Es decir, si el funcionario público, aún dentro de un banco, está obligado a respetar los reglamentos y las leyes. En ese sentido, el violarlos significa la comisión del delito de peculado. No importa si hay o no hay enriquecimiento patrimonial", extendió el abogado.

El BCR es cuestionado por el otorgamiento de dos líneas de crédito por $30 millones a Bolaños, apoderado de Sinocem Costa Rica, dedicados a la importación del cemento originario de China.