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Destrucción de grabaciones de las sesiones de junta directiva en el BCR pueden facilitar impunidad

​Audios se borraban 15 días después de que las actas quedaban aprobadas 

Preocupación e incomprensión porque se altere un acta de una sesión, pero más aún que también se destruyan las grabaciones de las mismas, es el sentimiento que embargó al abogado penalista, Ewald Acuña, luego de escuchar la comparecencia este martes del secretario de actas del Banco de Costa Rica (BCR), Pablo Villegas.

Villegas afirmó durante su presencia ante la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa que la expresidenta de dicho ente bancario, Paola Mora, solicitó la modificación de un acta de junta directiva donde se había discutido el crédito otorgado por la entidad a la empresa Sinocem para importar cemento chino.

Además confirmó que las grabaciones de las sesiones se destruyen 15 días después de aprobada el acta en firme, y que esa práctica se tiene desde febrero de este año.

"Más que asombrarme, me preocupa y asusta, me resulta absolutamente incompresible dos cosas: una, que se altere el contenido de un acta de una junta directiva por parte de profesionales, no son personas ingenuas, que no tienen noción de la gravedad de lo que se está haciendo. Y por otra, por orden o decisión de quién o a instancia de quién toma la junta directiva del Banco de Costa Rica, recientemente, muy recientemente, la decisión de destruir los audios. Si algo ha quedado claro es que lo que las actas reflejan no es lo que en las sesiones de junta directiva se discute. En estos casos los audios resultan indispensables para establecer eventuales responsabilidades administrativas y responsabilidades penales", explicó el experto.

Para Acuña el hecho de que el acta haya sido cambiada y que además no existan las grabaciones para contraponer lo que puede facilitar es un asunto de "impunidad altísimo".

Tema Fiscalía

Además, este martes circuló la información de que la fiscala general interina, Emilia Navas Aparicio, denunció al fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán -quien actualmente descuenta tres meses de suspensión- por haber desestimado dos denuncias contra el magistrado Celso Gamboa Sánchez, cuando era ministro de Seguridad en el 2014.

Acuña indicó que este tipo de denuncia es de carácter administrativa y no penal y lo que busca es analizar las dos solicitudes de desestimación que hizo Chavarría por unas denuncias sobre el magistrado Gamboa cuando era Ministro de Seguridad Pública.

El acto hay "que entenderlo como la intensión de ir plantando banderas o señales de cuál es la ruta que está siguiendo doña Emilia Navas", señaló el experto.

El tema en este caso es que Chavarría habiendo externado su vínculo manifiesto de amistad muy fuerte con Gamboa, la ley orgánica del Poder Judicial y el sistema procesal penal obligan a que casos como estos la persona se separe del conocimiento del proceso.

"En este caso aparentemente don Jorge no se inhibió de conocer de los procesos e hizo la solicitud de desestimación ante la Sala de Casación Penal. Lo que doña Emilia pone en conocimiento de la inspección son estos hechos para que se analicen", comentó.

De acuerdo a Acuna, con estos movimientos Navas deja claro que está en una lucha contra la corrupción tanto fuera del Poder Judicial como dentro.