Detención de empresario tico en Nicaragua no es una "revancha" contra el país, opina Solís

reacción​Solís no cree que haya “ningún vínculo de tipo político” en el arresto

El presidente Luis Guillermo Solís no cree que la detención y las condiciones en las que se encuentra recluido el empresario costarricense José Daniel Gil Trejos en Nicaragua sean una "revancha" de tipo político contra el país.

Para el mandatario no hay "ningún vínculo de tipo político" o acción de ensañamiento contra el costarricense que se pueda colocar en el marco de la disputa legal que tienen actualmente Costa Rica y Nicaragua.

Solís dijo que lo que ocurrió con Gil es una acción de tipo penitenciario que está siendo atendida por la Cancillería de Costa Rica para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos al ciudadano costarricense.

El Presidente pidió a Nicaragua "el mayor respeto" y urgió a los autoridades diplomáticas costarricenses para que faciliten la asistencia que necesita Gil Trejos.

La Policía Nacional de Nicaragua detuvo a Gil Trejos el pasado 26 de mayo y lo trasladaron a las celdas de la cárcel de máxima seguridad El Chipote.

El 20 de junio luego de enviar varias notas sin respuesta a las autoridades nicaragüenses, el vicecónsul de Costa Rica en Nicaragua, Álvaro Herrera pudo ver a Gil en una celda del centro penitenciario y constató un deterioro de salud y una pérdida de peso importante en el empresario nacional.

Este martes 23 de junio, Herrera volvió a conversar con Gil en la cárcel tal y como lo informó AmeliaRueda.com y se confirmó que se encuentra sin sus tratamientos para la hipertensión.

Las autoridades nicaragüenses informaron mediante un comunicado de prensa que la Policía Internacional (Interpol), había girado una orden de captura contra Gil.

El Canciller Manuel González dijo el lunes 22 de junio que de forma extraoficial se maneja que la solicitud de arresto internacional sobre Gil fue presentada por México por un presunto fraude fiscal.

La familia del empresario acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir una medida cautelar contra Nicaragua con el fin de que se le obligue a las autoridades de ese país a garantizar los derechos humanos del detenido.