Detenido dueño de Casas Vita por presunta estafa a más de 30 personas

El apoderado del Grupo Empresarial CasasVita S.A, un empresario de apellidos Villagra Martínez, fue detenido la tarde de este miércoles por presunta estafa a más de 30 personas en la venta de proyecto de vivienda.

Villagra, de 33 años, ahora permanece en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según una confirmación dada por la oficina de prensa del Ministerio Público ante la consulta de AmeliaRueda.com.

El presidente de la compañía inmobiliaria fue detenido tras ser indagado por la Fiscalía, un día después de que el órgano acusador del Estado dirigiera cinco allanamientos relacionados por el caso, incluidas dos oficinas de CasasVita en Santa Ana y La Guácima.

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público, Villagra no fue localizado el martes durante las diligencias, pero este miércoles, él se presentó para ser indagado por fiscales a eso de las 2:30 p.m.

Luego, dos horas más tarde, inició la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de San José, donde la Fiscalía solicitará prisión preventiva.

Además de las sedes de la inmobiliaria, fiscales y agentes de la Policía Nacional incursionaron en el despacho de un abogado en Heredia, así como otras dos casas de habitación en Santa Ana y San Rafael de Escazú, como parte de una búsqueda de evidencia documental y electrónica pertinentes a la investigación que se tramita bajo el expediente 17-000354-1220-PE.

En la pesquisa figuran como imputados, además de Villagra Martínez, otros dos hombres de apellidos Vargas Ramírez y Murillo Sánchez, y una mujer apellidada Solís Gómez.

Un comunicado del Ministerio Público explicó que, en apariencia y a través de dos sociedades anónimas, los sospechosos habría suministrado información engañosa a los ofendidos, quienes entregaron importantes sumas de dinero por concepto de prima y adelanto para la compra de viviendas con los que se financiaría la operación de la empresa.

Asimismo, aparentemente vendieron una misma propiedad a más de una persona, impidiendo así que una de ellas pueda disponer del inmueble por el que pagó y, al mismo tiempo, generando ingresos dobles a partir de un solo bien.

La cifra del dinero que pagaron no fueron revelados por la Fiscalía, pues eso es parte de la investigación. No obstante, el abogado de un grupo de 100 demandantes, Mario Valverde Brenes, dijo el martes a este medio que él calcula que el monto supera los $3 millones.