Detienen Auditor Interno del Poder Judicial por conducción temeraria
Funcionario permanece detenido en celdas del Organismo de Investigación Judicial
10/01/19 | 09:47am
El auditor interno de la Corte Suprema de Justicia, Robert García González, fue detenido la noche del miércoles por el presunto delito de conducción temeraria.
Al momento de su captura, se presume que el funcionario manejaba bajo la influencia del alcohol, en un nivel más alto que el permitido por la Ley de Tránsito por Vías Terrestres y Seguridad Vial (superior a 0,5 gramos por cada litro de sangre o superior a 0,10 miligramos en aire respirado) y el Código Penal (superior a 0,75 gramos por cada litro de sangre o 0,38 miligramos en aire respirado).
La Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó que desde entonces permanece en la celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que se le aplicará el procedimiento expedito de flagrancia, situación que permitiría culminar sus trámites en unos 15 días.
Este jueves, la oficina de prensa del Ministerio Público informó que "la fiscal que atiende el caso se encuentra con todas las diligencias previas para la atención del caso, por lo que no ha sido posible conocer otros detalles...".
La normativa penal establece un castigo de uno a tres años de prisión para el delito de conducción temeraria, cuando a la persona se le encuentre conduciendo un vehículo por vías públicas en estado de ebriedad. Además, el chofer será inhabilitado de manejar por entre dos y cuatro años.
Cuando se imponga una pena de prisión de dos años o menos, el tribunal podrá conmutar la pena privativa de libertad por una multa pecuniaria que no podrá ser menor de un salario base del puesto de Auxiliar Administrativo Uno, ni mayor de tres salarios base mensual, o sea, de entre ¢446.200 y ¢1.338.600; o bien, la imposición de una medida alternativa de prestación de servicio comunal que podrá ser desde 100 horas hasta 300 horas de servicio.
En cambio, la Ley de Tránsito establece una multa de ¢318.950,69.
García fue nombrado como auditor interno en julio de 2017, durante una sesión de la Corte Plena en la que se le cuestionaron antecedentes personales, que se remontan a tres denuncias de violencia doméstica.