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Diputados chocan por oposición a hacer público expediente contra Celso Gamboa

​Criterio de Servicios Técnicos establece que legajo debe permanecer confidencial

Los tres diputados que conforman la comisión especial que estudia el levantamiento de la inmunidad del magistrado Celso Gamboa Sánchez, se enfrascaron en una discusión la tarde de este miércoles por la negativa a hacer público el expediente judicial del juez superior al que se le investiga por tráfico de influencias en favor del alcalde de San José, Johnny Araya Monge.

Durante la primera sesión del foro de la Asamblea Legislativa, el congresista del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, presentó una moción para dar acceso a la ciudadanía al expediente 17-0000039-0033-PE, así como mantener de carácter público las deliberaciones y actuaciones del grupo de parlamentarios.

La iniciativa fue rechazada por los restantes integrantes de la comisión, los legisladores de Acción Ciudadana, Marvin Atencio Delgado, y de Liberación Nacional, Juan Luis Jiménez Succar.

Araya explicó que la moción pretendía dejar en claro que el foro no dejara dudas en su transparencia ante los cuestionamientos que giran alrededor de los tres Poderes de la República por el caso de corrupción conocido como "cementazo".

"No puede haber, menos en este caso, menos con la influencia de Celso Gamboa, menos con las llamadas telefónicas, los registros de llamadas telefónicas que hay en ese expediente, menos con eso, no se puede andar con secretos", manifestó el frenteamplista en la discusión.

El abogado, especialista en temas de ambiente, explicó que en el caso prevalece el interés público al tratarse de un miembro de los Supremos Poderes, además de que está siendo tratado por el Congreso y éste es abierto a los ciudadanos en su totalidad a no ser de que así lo determine el Plenario legislativo.

Jiménez, por su parte, hizo lectura de la carátula del documento y citó que el mismo es un expediente de carácter especial.

"Yo tampoco quiero que me señalen, Edgardo. Y quiero que sea de una apertura y transparencia como lo hemos venido haciendo hasta el momento, sin ocultamientos de ninguna naturaleza y de cara al pueblo. No obstante, violentar un procedimiento para causar una mala praxis desde el punto de vista de ésta comisión; yo no me siento en esas condiciones y más cuando hacemos la lectura del 205 del Código Procesal Penal sobre la privacidad de las actuaciones, que establece que ‘el proceso preparatorio no será público para terceros y las actuaciones sólo podrán examinadas por las partes directamente y por medio de sus representantes’", respondió el liberacionista.

Seguidamente, el diputado solicitó a Atencio -presidente del foro- conocer el criterio del Departamento de Servicios Técnicos, el cual determinó que el legajo judicial debe permanecer confidencial, mientras que el legislativo debe permanecer público, incluyendo sus sesiones y deliberaciones.

"Definitivamente no le podemos causar un riesgo a don Celso sólo porque sea miembro de los Supremos Poderes ya que tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y su legajo penal no puede ser de acceso a terceros", manifestó la asesora titular Selena Repeto Aymerich.

Otro de los puntos que generó choque entre los integrantes de la comisión fue el rechazo de Atencio a proveer una fotocopia del expediente a Araya, situación que enfadó aún más al excandidato presidencial, quien incluso amenazó con denunciar una violación en sus derechos como diputado mediante la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

El objetivo del frenteamplista es, según dijo, poder estudiar con detenimiento el caso en un lugar diferente a la sala de sesiones para poder ponerse al día en el plazo de diez días, tal como está previsto desde el martes, cuando se conformó la comisión.

Contra Gamboa, quien tendrá tres días para presentar un descargo ante el foro legislativo, pesa una investigación desde el 13 de noviembre anterior tras una publicación que realizó el diario La Nación donde se reveló que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción eliminó el nombre de Araya de un expediente judicial en el que se le investigaba, junto a otras tres personas, por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública.

El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia iniciar el levantamiento de la inmunidad para que el magistrado enfrentara el proceso. El Tribunal acogió la petición y la trasladó al Congreso, entidad responsable de hacer los nombramientos en primera instancia.

Fotografía tomada de: Frente Amplio.