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Diputados discuten normas que sancionan faltas en el uso de 200 exoneraciones tributarias​

​El proyecto de ley procura un trato equitativo y sistemático a las diversas actividades que gozan del incentivo

Con la intención de sistematizar las dispensas en el pago de impuestos y de castigar los incumplimientos a las reglas, el Poder Ejecutivo envió a sesiones extraordinarias una iniciativa que ordena y mejora la fiscalización y el control del incentivo, que en las últimas décadas se ha dado de forma indiscriminada en favor de diversos grupos económicos, instituciones y organizaciones no gubernamentales (ONGs).

El proyecto procura supervisar los resultados de las cerca de 200 actividades que se exoneran del pago de impuestos y así constatar si este incentivo contribuye o no al desarrollo del país. El expediente es el número 19.531 y se encuentra en el primer lugar del orden del día en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

La iniciativa fue elaborada por funcionarios del Ministerio de Hacienda y está suscrita por su ministro Helio Fallas, y por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Fue enviada a la Asamblea Legislativa desde el 2015. Juan Carlos Brenes, director de incentivos fiscales del Ministerio de Hacienda y quien participó en la elaboración del plan, aseguró que es la primera vez que se establecen sanciones económicas para los beneficiarios que incumplan con el uso y destino para los que se concedió la exoneración.

Brenes acotó que la iniciativa no busca ni disminuir ni aumentar las 200 exoneraciones existentes. Lo que se quiere es sistematizar las razones por las que estas se conceden y mejorar los niveles de supervisión y sanciones.

“Lo que sí se eliminan son otras 200 exoneraciones temporales que ya de por sí no son válidas”, manifestó Brenes.

De convertirse en ley, la propuesta favorecería a las arcas del Estado, el que de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto también responde a los esfuerzos del gobierno por mejorar la recaudación fiscal, así como el sistema tributario en general.

Debido a que el Estado pretende estabilizar y sanear las finanzas públicas, “resulta coherente” ajustar la legislación en la materia a la política fiscal de sanear las finanzas públicas, señala la exposición de motivos.

Tres capítulos

El plan normativo contiene un capítulo denominado Regímenes de Exención que enlista todas las exoneraciones concedidas a las diferentes actividades y sectores del ordenamiento jurídico costarricense. El objetivo de este apartado es agrupar en un solo texto las 200 exenciones otorgadas al sector público, a las misiones internacionales, la educación, el manejo de aguas, la generación de energía, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, las asociaciones cooperativas, la asistencia social, los medicamentos y las actividades agropecuaria, turística y deportiva.

Contiene otros dos capítulos, en el primero de los cuales se uniforman las reglas que se aplican a las figuras de liberación y liquidación de bienes adquiridos con exenciones. De esta manera se pretende homogenizar el trato tributario a tales bienes.

El siguiente capítulo está dedicado a los procedimientos administrativos que se deben seguir para dejar sin efecto una exoneración por incumplimiento del beneficiario y se establece el tipo de sanción al que este se expone. Para ese fin se crea de manera explícita cuando procede la “revocatoria” de la exoneración, en aras de prevenir que haya confusiones.

Al respecto, el diputado liberacionista e integrante de la comisión de asuntos Hacendarios, Rolando González, asegura que este proyecto se mantiene en valoración.

Su idea es que se reformule el texto para que la iniciativa tenga un mayor alcance fiscal, ya que de acuerdo con el legislaor la incidencia de la reforma proporcionaría ingresos al fisco únicamente por ¢25 mil millones.

“El proyecto no toca algunos de los ámbitos más determinantes que tienen que ver con el impuestos de ventas, particularmente y desde luego no toma en consideración un aspecto que para nosotros es sagrado: la canasta básica y algunos servicios.

Entonces la comisión está esperando un informe de asesores para ver si se logra armar potencia fiscal”, explicó el González.

Asimismo, el diputado mencionó que la iniciativa viene a ordenar las exoneraciones en cuatro puntos específicos: la fecha de caducidad, la creación de un medio que ejerza control sobre el uso de la exoneración, la ausencia de instrumentos para medir el impacto que la misma genera en el área que se otorga y, por último, la determinación de que cada exoneración responda a una previa planificación estratégica.

“El más positivo es que por primera vez se toma una iniciativa dirigida a regular la mayoría de las exoneraciones y nos obliga a pensar seriamente en este campo, además a proponer mejoras al proyecto y la forma de otorgarlas. Si esa ley se aprueba habría más rigor con lo que ya existe y muchísimo más cuidado con las dispensa de tributos que se planteen en el futuro”, enfatizó el diputado liberacionista.