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Diputados recomiendan despedir e inhabilitar por 10 años a Mario Barrenechea

Comisión legislativa sugiere también prohibir a exdirectores del BCR ejercar cargos públicos por períodos que van de 10 a 4 años.

El gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea, hoy en prisión preventiva en La Reforma, debe ser despedido e inhabilitado de ocupar cargos públicos por 10 años, recomendó este lunes de forma unánime la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios al rendir su informe final.

Los diputados concluyeron que, bajo la gerencia de Barrenechea, el BCR otorgó al empresario constructor, Juan Carlos Bolaños, el décimo crédito más elevado de su cartera al sector privado, sin que el deudor contara con historial crediticio o experiencia en el negocio de la importación del cemento.

Además, le achacan haber comprometido la independencia en el cuido de los intereses del BCR al establecerse relaciones entre la gerencia y sus parientes con un cliente específico.

El hijo de Barrenechea tenía una relación comercial con Bolaños.

La comisión legislativa señaló también que la independencia en el cumplimiento de las responsabilidades del gerente se vio comprometida por las relaciones establecidas con la expresidenta de la junta directiva del BCR, Paola Mora.

Por estas razones, las recomendaciones incluyen remitir a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética los hechos para que determinen si Barrenechea incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad.

El deber de probidad, establecido en el artículo tres de Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y cuya violación puede acarrear hasta una destitución, obliga al funcionario público a orientar su gestión a la satisfacción del interés público y a administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia.

Inhabilitación para exdirectores

La prohibición para ocupar cargos públicos recomendada por la comisión legislativa se extiende a los siete exdirectores del BCR. Para la abogada Mora, 10 años; hasta ocho años para el abogado Alberto Raven; para los exdiputados del PAC Gustavo Arias y Rónald Solís, 5 años y para la exdiputada independiente Evita Arguedas, la empresaria Mónica Segnini y el exdiputado del PAC Francisco Molina, 4 años de inhabilitación.

La razón: acatar como Junta Directiva las instrucciones de Casa Presidencial para nombrar a Barrenechea como gerente general y para ello modificar el perfil del puesto para que calificara, en lugar de seguir criterios de idoneidad para ese alto cargo, incumpliendo resoluciones de la Procuraduría de la Ética.

Asimismo, se señala a Mora, a Solís y a Arias por negar la existencia de problemas en el crédito otorgado a Bolaños "aliándose a las presiones del gerente general y sus subalternos inmediatos", pese a los numerosos cuestionamientos del préstamo hechas por otros directores.

Los diputados destacan entre sus conclusiones que dos miembros de la Junta Directiva ordenaron al secretario de ese órgano modificar una acta después de aprobada en firme "con el fin de esconder manifestaciones de un directivo que configuraban un conflicto de interés", por lo que pedirán a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética valorar los hechos y determinar si Mora, Raven y el secretario de actas, Pablo Villegas, e incurrieron en algún delito o alguna violación al deber de probidad.

Específicamente sobre el exdirector Raven Odio, la Comisión señala que se presentó un conflicto de intereses cuando la Junta Directiva del BCR conoció el informe que incluía la aprobación de un crédito por $32,7 millones para que Coopelesca comprara la planta hidroeléctrica de Aguas Zarcas a la cementera Holcim. Raven era en ese momento uno de los directores del BCR y también fiscal de Holcim. Además, el bufete Zurcher, Raven y Odio del cual él es socio, representaba a Coopelesca.