Directriz contra evasión fiscal de expresidenta Chinchilla fue sólo "un simbolismo", dice Procurador Penal

"Un simbolismo" que "no aportaba nada nuevo". Así calificó el procurador coordinador del Área Penal, de la Procuraduría General de la República (PGR), José Enrique Castro, la directriz presidencial 30-P que entre 2012 y 2014 los exhortaba a llevar a juicio los casos por evasión fiscal y evitar la conciliación.

Castro asegura que el mandato de 2012, que firmó la entonces presidenta Laura Chinchilla, en ningún momento le impidió a la Procuraduría negociar con quienes son investigados por evadir el pago de impuestos de la renta y venta.

Según explica, una directriz no está por encima del Código Tributario ni del Código Procesal Penal y por ende, no tuvo injerencia en la labor que realizaron.

El Procurador Penal dijo que durante los dos años de vigencia de esa directriz, -la cual fue derogada el pasado lunes 09 de junio por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís-, se intentó conciliar en uno de los 27 casos de evasión más significativo. La conciliación se suspendió no a causa del lineamiento 30-P, sino porque la Procuraduría no estuvo de acuerdo con la propuesta de pago que presentó la contraparte.

El 28 de mayo pasado, el presidente Solís y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, firmaron la directriz 2-P que entró en vigencia esta semana y que deroga la orden de la expresidenta Chichilla. Precisamente, el actual gobierno adujo que la directriz de la administración anterior le estaba "cercenando" a la Procuraduría una de sus facultades (conciliar) y defendió el nuevo lineamiento asegurando que no favorece a quienes evaden al fisco.

La nueva directriz emitida por la administración Solís Rivera generó la reacción de la expresidenta Chinchilla, quien desde Europa, donde se encontraba de vacaciones, la criticó desde su perfil en Facebook.

"La directriz que ahora se quiere derogar y que firmé en el año 2012 se convirtió en un poderoso símbolo de lucha contra la evasión fiscal (...) Echar para atrás esta directriz es volver a propiciar la impunidad que históricamente ha reinado en esta materia", escribió la mandataria.

La Procuraduría General de la República tramita actualmente 27 casos por evasión fiscal, 18 de los cuales están en proceso de investigación.