Directriz presidencial elimina incentivos especiales para gerentes de bancos públicos
Incentivos para trabajadores se pagarán solo cuando se cumpla el 100% de las metas de cada entidad financiera
26/05/15 | 18:40pm
La directriz presidencial 026-H firmada este martes por el mandatario Luis Guillermo Solís prohíbe el pago de incentivos especiales para gerentes y altos mandos de los bancos públicos.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, explicó que la directriz también tiene como objetivo regular el pago de incentivos a los trabajadores de bancos estatales.
Según Alfaro, otras acciones que contempla la directriz es separar los incentivos de las convenciones colectivas de cada banco y vincular el pago de premios al cumplimiento de metas de la entidad.
Como lo adelantó AmeliaRueda.com en cuatro publicaciones el 20 y 21 de mayo, la iniciativa del gobierno busca contener el gasto excesivo de los bancos públicos en pagos de incentivos.
Los bancos estatales deberán cumplir con cinco requisitos para otorgar incentivos salariales a sus trabajadores, de acuerdo con la directriz presidencial.
Según el documento, se debe implementar un sistema de requerimientos "sobre los cuales las entidades bancarias públicas rediseñarán y ajustarán los modelos de incentivos actuales".
También se debe crear una "Comisión Técnica que, en conjunto con los bancos públicos, desarrolle en un plazo corto, un modelo de incentivo lo más estandarizado posible".
El documento firmado por Solís instruye a los bancos para que redefinan los topes máximos y se incluyan las contribuciones a la seguridad social para quienes reciban el incentivo.
Además, se reconocerá el incentivo solo a quienes cumplan sus metas individuales al 100 por ciento y ayuden al banco público a lograr los objetivos institucionales trazados.
El Consejo de Gobierno instaló una comisión para analizar el pago de incentivos en los bancos públicos el pasado 3 de febrero.
La Contraloría General de la República (CGR) alertó el 26 de enero pasado, mediante un informe, que los bancos públicos pagaron más de ¢99 mil millones en incentivos a sus trabajadores entre 2006 y 2012.
El ente fiscalizador aclaró que estos pagos son legales, pero sostuvo que son excesivos y carecen de justificación técnica.