​Dolor y luto en Venezuela tras muerte de 68 personas durante motín en calabozos

La cólera y el dolor se apoderaron de los familiares de las 68 personas muertas el jueves anterior durante un motín en los calabozos policiales de la ciudad de Valencia (norte), una de las peores tragedias carcelarias de Venezuela.

Decenas de personas permanecieron varias horas frente a la comandancia de policía del estado Carabobo esperando noticias de sus parientes o de la documentación necesaria para sepultarlos, un día después de la tragedia.

"No puedo pasar a ver si está muerto o no", gritaba desesperada María, una anciana que tenía un hijo preso en el lugar, mientras una mujer policía leía la lista de sobrevivientes.

Comiendo pan y tomando agua, los allegados aguantaban la espera.

"Ayer (jueves) me dieron el cuerpo de mi sobrino y hoy estoy aquí (...) esperando la cédula" de identidad para poder enterrarlo, declaró a la AFP Carmen Varela.

"Él no está quemado, le dieron un tiro en la cabeza (...), fue una masacre", denunció.

El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó este jueves a la AFP que la cifra de fallecidos se mantiene en 68 y que la causa fue un posible incendio.

La ONG Una Ventana a la Libertad -que defiende los derechos de los presos- asegura que las llamas fueron iniciadas por un grupo de detenidos que planeaba fugarse.

"Intentaron secuestrar a dos policías. Al no lograrlo armaron un motín y decidieron quemar los colchones pensando que de esa forma les iban a abrir la puerta", dijo este jueves a la AFP el director de la ONG, Carlos Nieto.

Fue necesario que los bomberos abrieran un boquete en la parte posterior para evacuarlos. "Unos fallecieron calcinados y otros por asfixia", añadió, indicando que en el lugar había unos 200 internos.

Hacinamiento

La oficina de derechos humanos de la ONU se declaró "conmocionada" y reclamó una investigación "rápida y completa", mientras que para Amnistía Internacional el caso demuestra la "total falta de preocupación de las autoridades por los derechos" de los presos.

Nieto culpó al gobierno, pues a su juicio la causa fue el hacinamiento que se registra en ese y otros centros de detención provisional, donde los reos no deben pasar más de 48 horas pero duran meses.

La ONG estima en 400% la sobrepoblación en esas instalaciones. De otra estación policial, en la ciudad de Maracay (norte), escaparon este jueves 20 detenidos.

"Quiero ver a mi hermano, dicen que está bien y no lo creo hasta que no lo vea. Ellos (los policías) fueron los que provocaron eso. Fue una masacre, no hay derecho a que los maten", expresó una mujer que se identificó como Yelitza.

Los fallecidos fueron 66 hombres y dos mujeres que visitaban las celdas, según el fiscal. La ONG indicó que los 66 eran detenidos.

Ningún funcionario del gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha pronunciado.

El suceso es uno de los más mortíferos en el largo historial de incidentes carcelarios de Venezuela y reflotó la grave situación de sus prisiones, que se cuentan entre las más violentas de la región.

Al menos 388 personas han muerto en los reclusorios del país desde 2011, según cifras oficiales y de ONG de derechos humanos.

En agosto pasado, un motín dejó 37 muertos en unas celdas policiales del estado de Amazonas (sur), tras el cual se denunciaron "ejecuciones extrajudiciales".

Mientras, en enero de 2013 unos 60 reclusos murieron en un amotinamiento en la cárcel de Uribana (estado Lara, noroeste).

Violencia generalizada

Nieto afirmó que "todas las comisarías de policía de Venezuela están viviendo condiciones iguales o peores de hacinamiento, falta de alimentos y enfermedades".

Se estima que los calabozos policiales albergan 45% de los 100.000 presos que hay en Venezuela, debido la sobrepoblación en las cárceles nacionales, dijo el activista.

Venezuela se encuentra confrontada a una grave crisis socioeconómica, con escasez de todo tipo de bienes básicos e hiperinflación, en el marco de la cual se ha disparado la criminalidad.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2017 hubo unos 26.000 homicidios, lo que representa una tasa de 89 por cada 100.000 habitantes (14 veces mayor que la media mundial).

Una Ventana a la Libertad denunció que 65 personas murieron en 2017 en choques por el control de calabozos y por padecimientos asociados a la desnutrición y la tuberculosis.