Más de dos meses tomará proceso en SUGEF contra funcionarios que proveen servicios a partidos

Más de dos meses tomará resolver el procedimiento disciplinario que tramita la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) contra dos funcionarios cuyas gestiones como proveedores de partidos financieros son objeto de estudio por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Los supervisores de la Dirección de Supervisión de Empresas Financieras y Cooperativas, Johnny Salazar Quesada y Harlan Bonilla Morera, son objeto del proceso desde setiembre anterior, según confirmó la misma entidad.

El superintendente de la SUGEF, Javier Cascante, explicó que aunque la Ley General de Administración Pública establece que los procedimientos de este tipo deben concluirse dos meses después de su inicio existe un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) que les permite dictar el acto final sin declarar la nulidad si se pasa más allá del plazo.

El Jerarca añadió que el tiempo que da la normativa es muy corto tomando en cuenta la cantidad de pasos que se deben seguir como la comparecencia oral, el análisis por parte del órgano, así como la posibilidad de impugnar mediante recursos de revocatoria y apelaciones.

"Resulta muy difícil y casi imposible para la Administración, aun cuando actúe con la mayor diligencia y celeridad posible, completar el procedimiento en el plazo señalado legalmente", declaró Cascante.

El pasado 25 de octubre la SUGEF confirmó a este medio que existía un proceso disciplinario en contra de los dos funcionarios, quienes a su vez formaban parte de un estudio de corroboración por parte del TSE.

Aunque la Superintendencia no confirmó que el procedimiento tiene que ver con lo que realiza el Tribunal, el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Ronald Chacón, confirmó que esa entidad les había solicitado un legajo de información relacionada con el análisis que llevaban a cabo.

Este medio dio a conocer este martes que gestiones realizadas por los dos funcionarios como proveedores del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) son objeto de análisis por parte del TSE debido a las dudas que generan los movimientos.

Una de ellas consta en documentación de respaldo de la liquidación del segundo trimestre del 2016. Tras una revisión se pudo constatar que los funcionarios se presentaron el 28 de junio de ese año a la agencia del Banco Popular en Lindora a realizar un depósito en efectivo a la cuenta del PASE por montos de ¢1 millón y ¢1.200.000, respectivamente.

Con pocos minutos de diferencia, en la misma caja y con el mismo agente, los proveedores cambiaron cheques que suman el dinero que previamente había inyectado a las arcas de la agrupación.

Ese dinero fue presentado como parte de la liquidación que el TSE retribuyó al PASE.

Otra gestión similar consta en otra documentación de respaldo de liquidación de gastos de Accesibilidad Sin Exclusión donde se hizo el mismo mecanismo.

Información proporcionada por el TSE da cuenta que además del Accesibilidad Sin Exclusión, Salazar le presta servicios profesionales de certificación de gastos a 15 partidos más mientras que Bonilla asesora financieramente a tres.