Dueño de concesión de taxi debe pagar ¢5 millones en derechos laborales a chofer, falla Sala II
Relación es laboral y demandado debe pagar preaviso, auxilio de cesantía, salarios caídos, vacaciones y aguinaldo
17/09/15 | 13:55pm
El dueño de una concesión de servicio de taxi debe pagarle al chofer que manejó su vehículo durante más de cuatro años ¢5 millones para cubrir sus extremos laborales -preaviso, auxilio de cesantía, salarios caídos, vacaciones y aguinaldo-, concluye una sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados ratificaron que entre las partes existió una relación laboral y no una relación de alquiler del vehículo,como pretendía demostrar el dueño del taxi. Así lo explicó el magistrado Héctor Blanco González.
Para el alto Tribunal de Casación Laboral en el caso concreto "abundan los indicios que demuestran la existencia de una relación laboral entre el actor y el demandado", quien además de ser el propietario del vehículo y titular de la concesión, era quien corría con los gastos que generaba la explotación del servicio.
Como parte de la prueba testimonial, se estableció que el chofer del taxi tenía la obligación de dar una cuota diaria por el uso del taxi, lo que se consideró prueba clara y contundente de de la relación laboral entre las partes.
De acuerdo con la denuncia la relación laboral inició en octubre de 2007 y finalizó en abril del 2012, cuando el chofer del vehículo de transporte público fue despedido. Durante el tiempo laborado devengó un salario semanal de ¢320 mil.
Los magistrados hicieron un amplio análisis del artículo 18 del Código de Trabajo, que establece que "independientemente de cómo se le denomine, se está en presencia de un contrato laboral, cuando una persona física, se obliga a prestar a otra u otras, físicas o jurídicas, sus servicios o a ejecutarle(s) una obra, bajo su dependencia permanente y dirección inmediata o delegada; y a cambio de los cuales recibe una remuneración".
Al inicio del proceso, el Juzgado de Trabajo declaró parcialmente con lugar la demanda y ordenó el pago de poco más de ¢5 millones. El demandado apeló la sentencia y el Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, confirmó lo resuelto. Finalmente el caso se elevó a la Sala Segunda el 3 de diciembre del 2014, información que se dio a conocer este jueves nueve meses después.