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Duplicidad en leyes y rectorías que se diluyen dificultan combate a la pobreza, denuncia Defensoría

​Nueva jerarca del ramo reconoce que se debe mejorar la coordinación entre las instituciones

La duplicidad en leyes y responsabilidades estatales diluidas afectan directamente la atención de la pobreza en Costa Rica. Este es uno de los principales resultados que se desprenden de un estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes.

La investigación tomó como referencia el periodo entre 1994 y 2018 para analizar la estructura jurídica y orgánica del sector encargado de atender a la población de escasos recursos. Es así como se encontró la carencia de una adecuada articulación institucional en materia social.

El primer hallazgo del estudio es la duplicidad de leyes y decretos que establecen la rectoría en combate a la pobreza a diferentes cargos y entidades públicas.

"Se ha generado una confusión de roles entre vicepresidencias, ministerios e instituciones autónomas en cuanto a la emisión de lineamientos, la coordinación interinstitucional, la supervisión y otras acciones propias de la rectoría", señala el informe.

La Defensoría de los Habitantes señala además que hay un carácter inconstitucional e ilegal en la rectoría asignada al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en materia de atención a poblaciones de escasos recursos, pues tanto la Constitución Política como la Ley General de Administración Pública le conceden esta tarea al presidente y a los ministros.

Aunado a lo anterior, el estudio menciona que durante las últimas administraciones se le ha designado al jerarca del IMAS como ministro sin cartera de Bienestar Social y Desarrollo Humano, lo cual considera cuestionable en términos de eficacia administrativa.

El defensor adjunto de loa Habitantes, Juan Manuel Cordero, comentó que esta deficiencia en la arquitectura institucional queda en evidencia por el estancamiento de la pobreza durante más de 20 años pese al crecimiento económico e inversión social.

Mayor coordinación

La presidenta ejecutiva del IMAS y ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, María Fullmen Salazar comentó que efectivamente a lo largo de la historia se han ido creando leyes que duplican labores y el sector que ahora lidera no escapa a esta realidad.

La Jerarca, quien asumió el cargo el martes pasado, señaló que la principal tarea es mejorar la coordinación entre las diferentes entidades que atienden a las personas en pobreza para lograr una dinámica encaminada a la eficiencia.

"Una directriz que tenemos del señor presidente, y que en mi caso particular voy a tratar de cumplir, es hacer esfuerzo mancomunado. Vamos a tratar de coordinar con todas las instituciones, organizaciones no gubernamentales y con el sector privado. Es con esa sinergia que se pueden atender la pobreza", externó Salazar.

El estudio de la Defensoría de los Habitantes recomendó al Poder Ejecutivo formular un proyecto de ley para precisar el cargo público o institución que ejercerá la rectoría estatal en esta materia. Al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social se le sugirió formular un plan nacional sectorial.

Salazar indicó que esperará conocer el resultado de este informe para acatar los cambios que sean pertinentes.