Empleados judiciales devuelven obsequio de magistrados que les exhorta a trabajar con "excelencia"

Los funcionarios del Poder Judicial se las ingeniaron para acumular y devolver un obsequio que les hicieron los magistrados en el que se les exhorta "a continuar con la excelencia y la calidad en la atención a la persona usuaria".

De acuerdo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), Hernán Campos, la medida es una forma de rechazo e indignación al actuar de la cúpula de la Corte Suprema de Justicia por únicamente amonestar por escrito a cuatro altos jueces que desestimaron una causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata por presunto tráfico de influencias en el caso del cemento chino.

Justamente por lo anterior es que el líder gremial considera que quienes deberían de seguir ese mensaje son los propios magistrados que están en el centro de la opinión pública.

"En una forma propagandística interna del Poder Judicial y en aras de recuperar la moral, porque la moral está muy baja en la institución, se hicieron unos llaveritos y unos separadores de libros y se distribuyeron entre los empleados judiciales, pero ahí lo que viene es algo así como un agradecimiento que le dan los magistrados a la clase trabajadora del Poder Judicial por la mística que ha demostrado en las funciones que realiza en el día a día. La gente esto lo ha interpretado muy mal porque la gente lo que dice es que esto deberían aplicarlo primero la cúpula, que lo apliquen ellos. ¿Por qué me están viniendo a pedir a mí que mantenga la mística que siempre he tenido y me vienen a pasar la brocha si ellos no están cumpliendo con esos principios a la hora de tomar decisiones como las que hemos estado viendo?", manifestó Campos.

En la misma línea se manifestó a través de redes sociales la jueza Rosaura Chinchilla. "Hoy (el jueves), justo hoy, me enviaron este regalito. Lo devuelvo...", escribió la jurista luego de que trascendiera la decisión de no suspender al presidente de la Corte, Carlos Chinchilla; así como a la presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias; el magistrado titular, Jesús Ramírez; y la suplente, María Elena Gómez.

Durante una manifestación celebrada entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. de este lunes, decenas de funcionarios acumularon los paquetes con los regalos para enviárselos de vuelta al órgano superior del Poder Judicial. Campos estimó que los llaveros y separadores de libros habrían costado unos ¢15 millones.

En ese movimiento, los presentes exigían la renuncia inmediata de los cuatro altos jueces cuestionados y que se publicaran los diez nombres de los integrantes de la Corte Plena que estuvieron en contra de suspender del puesto a sus compañeros por la comisión de una falta grave.

"Inaceptable decisión"

La Asociación Costarricense de Juezas emitió un pronunciamiento en el que considera "inaceptable la decisión" del órgano superior del Poder Judicial al considerar que se dio un trato "desproporcional en la aplicación del régimen disciplinario".

"Esto no se trata de un tema jurídico sino ético, que afecta la imagen e institucionalidad del Poder Judicial. Abogamos por la necesidad de que exista más transparencia en el sistema disciplinario, dado que no es la primera vez que un magistrado enfrenta una causa”, manifestó presidenta de la organización, Ana Luis Meseguer.

A los cuatro magistrados de la Corte Plena se les acordó abrirles la causa disciplinaria el pasado 6 de diciembre, a raíz de una queja interpuesta el 30 de octubre del 2017 por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), la cual denunció que los jueces desestimaron la causa contra los excongresistas a pesar de que existía una prueba recabada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que revelaba cientos de contactos telefónicos de los entonces miembros de la Asamblea Legislativa con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, quien actualmente está en prisión preventiva.

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El informe del OIJ evidenció que entre Guevara y Bolaños existen 608 registros telefónicos entre el 1 de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015; mientras que con Morales son 184.

Dicha desestimación ocurrió el 20 de febrero del 2017 por solicitud de la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, sobre quien cayó la responsabilidad de la desestimación y el lunes fue suspendida dos meses sin goce de salario.

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Sin embargo, luego de que inició el escándalo del cemento chino, dicha desestimación se vino abajo y la Fiscalía solicitó en octubre a la Sala Tercera reabrir el caso contra Guevara y Morales, petición que fue avalada por los altos jueces.

La denuncia contra los exdiputados, que se tramita bajo el expediente 15-000022-0033-PE, indica que antes de noviembre del 2014 se aliaron entre sí "para procurar la reforma al Reglamento Técnico de Cemento, y así variar los requisitos para su venta y con ello ampliar los parámetros, lo cual permitiría al coimputado empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, importar cemento desde China, obteniendo con esto un beneficio patrimonial".

El reglamento vigente para el 2014 establecía que el cemento importado no podía tener más de 45 días desde su empaque.

Un mes después de que se volvió a reabrir el caso contra los exdiputado, en noviembre de 2017, la fiscala Emilia Navas Aparicio allanó las oficinas de ambos exlegisladores como parte de la investigación.

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La Fiscalía General de la República también investiga a los magistrados de Sala Tercera a raíz de la denuncia de ANIC.

Crédito de fotografías: Paulo Villalobos Saborío.