Visita de secretario de la OCDE influyó en cambio de posición
23/02/16 | 09:58am
Tras varias semanas de oposición rotunda a la creación de un registro de accionistas de sociedades anónimas, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) cedió a la propuesta del Gobierno.
Lo anterior después de la visita del Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, quien les dejó un panorama más claro que el planteado por el Ministerio de Hacienda, afirmó a AmeliaRueda.com, el presidente de Uccaep, Ronald Jiménez.
Jiménez explicó que Gurría fue explícito en que la creación de la base de datos con la información de los accionistas ayudaría a solventar cuatro necesidades, y no solo la fiscal como les había sido presentada la iniciativa.
Si no que también para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico, el financiamiento al terrorismo y la corrupción.
El otro factor que influyó para cambiar su posición, según indicó Jiménez, fue el hecho de que Gurría fuera claro al decirle al Ejecutivo que se debe de garantizar la confidencialidad de la información sensible, y que el país debía preparar un procedimiento detallado de cómo iba a instrumentalizar esa mecánica.
Esta última razón, precisamente, fue el punto principal por el que Uccaep se negaba a la creación del registro de accionistas, ya que afirman que en el pasado el líder sindical Albino Vargas manifestó que tuvo acceso a la información en poder de Hacienda.
Este argumento fue debatido por el mismo Gurría, quien en en conferencia de prensa el pasado 15 de febrero en la Asamblea Legislativa, lo calificó de "inaceptable".
A pesar de la apertura de los empresarios para crear el registro de accionistas, la condición es que sea mediante una nueva ley y no dentro del proyecto contra el fraude fiscal, tal y como se encuentra frenado en la Comisión de Hacendarios.
Jiménez indicó que se le comunicó al presidente Luis Guillermo Solís, y al Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, la necesidad de crear una comisión interinstitucional –conformada por Hacienda, la ICD, la Fiscalía y Uccaep–para crear el nuevo proyecto.
En este, manifestó, la legislación sería más clara y contundente en cuanto a sanciones y quién sería el custodio de la información de los empresarios.
"A hoy, Hacienda no es el mejor candidato", manifestó Jiménez, quien afirmó que sí es claro que sería administrada por alguna institución estatal que habría que definir.
El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, explicó que esta no es una opción viable ya que, según consideró, el proyecto contra el fraude fiscal está avanzado en la Asamblea Legislativa y la presentación de un nuevo proyecto tarda más de un año para llegar a ese estado.
El Ministro señaló que aún "hay tiempo" para poder realizar los cambios necesarios al texto, que el gobierno está abierto al diálogo y que el ambiente en el Congreso en ese sentido es "positivo".
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