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Empresas con al menos 30 mujeres en su planilla estarán obligadas a tener una sala de lactancia​

​Presidente Solís firma decreto que otorga un plazo de un año para la adecuación de los espacios de trabajo

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, firmó este martes un decreto que obliga a crear salas de lactancia en todos los centros de trabajo que cuenten con al menos 30 mujeres en su planilla.

El Poder Ejecutivo presentó el reglamento esta tarde en una conferencia de prensa celebrada en el auditorio de Casa Presidencial, en la que estuvieron presentes la vicepresidenta, Ana Helena Chacón; la primera dama, Mercedes Peñas Domingo; la ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora Mora; la ministra de Salud Pública, Karen Mayorga Quirós; y el de Trabajo, Alfredo Hasbum Camacho.

Cada una de las habitaciones debe cumplir con un espacio mínimo de 2 metros cuadrados (m2) y una altura de 240 centímetros (cm) y una refrigeradora con al menos 38 litros de capacidad para la conservación exclusiva de leche materna.

También a lo interno debe haber una mesa pequeña, dos sillas con forro suave, respaldar y descansabrazos; lavamanos, basurero y cortinas para garantizar la privacidad de las mujeres.

Otras de las disposiciones tienen que ver con la renovación del aire por medio de ventilación natural o artificial, iluminación, plan de limpieza, piso antideslizante y resistente, accesos para personas con discapacidad y croquis con indicaciones para evacuación en caso de emergencias.

El reglamento también ordena los empleadores a proporcionar a las madres tiempo para disponer de la sala.

De acuerdo con Hasbum, el reglamento viene a complementar la legislación vigente en el Código de Trabajo, al establecer las condiciones a cumplir así como incorpora un marco sancionatorio que otorga facultades a su cartera y la de Salud.

De esa manera, por ejemplo, un tribunal de Trabajo podría castigar a un patrono con una multa que iría desde 1 a 23 salarios base de un oficinista uno, o lo que es lo mismo, de los ¢431.000 a ¢9.913.000.

El decreto aplica tanto para el sector público como el privado y otorga un plazo de un año para la adecuación de los recintos laborales.