Estado deberá responder a Corte de Derechos Humanos por suspensión de decreto sobre FIV
CIDH solicitó que rinda una aclaración a más tardar el 15 de octubre
11/10/15 | 13:25pm
El Estado costarricense deberá responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a más tardar el 15 de octubre por la suspensión del decreto que regula la Fecundación in Vitro (FIV).
Así lo estableció el viernes anterior la CIDH en respuesta a una petición de los abogados Hubert May y Boris Molina, defensores de las parejas que han en el 2001 demandaron al Estado por prohibir la técnica de embarazo asistido y ganaron el caso con una sentencia a favor el 28 de noviembre de 2012.
"Se comunica que se ha solicitado al Estado que presente sus observaciones al referido escrito junto con el informe que le fue requerido por el Presidente de la Corte mediante nota de esta Secretaría de 25 de setiembre de 2015, el cual debe de ser remitido a más tardar el 15 de octubre de 2015. Asimismo, se requirió a Costa Rica aporte copia de la referida decisión de la Sala Constitucional", se indica en el documento firmado por el Secretario de la CIDH, Pablo Savedra.
En criterio de May y Molina, debe ser el Poder Judicial -no el Poder Ejecutivo-, el que debe aclarar a la CIDH por qué la Sala Constitucional acogió el miércoles 7 de octubre la acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que firmó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y con ello lo suspendió temporalmente.
"La Sala Constitucional es incompetente para decidir si el Decreto del Presidente Solís es o no constitucional. Esa decisión es y será exclusiva de la Corte Interamericana", afirman los abogados de las parejas.
El abogado Boris Molina también se mostró satisfecho con la pronta respuesta de la CIDH e indicó: "no me imagino de qué manera podrá justificar la Sala Constitucional, ante la Corte Interamericana, su actuar improcedente y contrario a Derecho, sobre todo luego de que tres magistrados de la misma Sala señalan el atropello al debido proceso y la incongruencia del voto de mayoría".
La magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, una de los tres que rechazaron de plano la acción de inconstitucionalidad, explicó que salvó su voto debido a que prefiere emitir un criterio después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determine cómo se va a aplicar el decreto del presidente Solís, esto, para evitar un choque de competencias.
La acción de inconstitucionalidad la presentaron el 21 de setiembre anterior la abogada Alexandra Loría y el bloque de tres diputados evangélicos: Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, y Gonzalo Ramírez Zamora, de Renovación Costarricense.