Estado violó principio de justicia pronta y cumplida a sindicalistas, falla Sala IV

​Declara sin lugar recurso de hábeas corpus en relación con la solicitud de excarcelación de los condenados, que actualmente descuentan prisión preventiva

Alejandra Fernández Morera

29/09/15 | 19:00pm

El Estado debe pagar las costas, daños y perjuicios causados a dos dirigentes de Limón -un regidor libertario y un sindicalista- por violentar el principio de justicia pronta y cumplida, en el caso penal en su contra.

Así lo determinó este martes por mayoría la Sala Constitucional en la sentencia 2015-15205, que declaró parcialmente con lugar un recurso de Hábeas Corpus presentado el 17 de setiembre -a favor de los dirigentes- por el diputado libertario Otto Guevara y el frenteamplista, Gerardo Vargas. Sin embargo, los magistrados de la Sala declararon sin lugar el recurso en lo referente a la solicitud de libertad de los condenados.

Los dirigentes son Iván Angulo Arias, regidor del Movimiento Libertario en el cantón de Pococí, y Orlando Barrantes, dirigente sindical y presidente del Foro Nacional de Vivienda, condenados a 12 años de prisión -fallo que no está en firme- por el delito de secuestro extorsivo en perjuicio de varios policías durante unas manifestaciones en Guápiles. El caso lleva 15 años en la vía judicial sin que a la fecha exista sentencia en firme.

Por una votación 6-1 los magistrados señalaron que tanto los defensores de Angulo y Barrantes como los tribunales de justicia han contribuido a que "el proceso penal no haya concluido con una sentencia firme dentro de un plazo razonable" y "se haya prolongado de manera excesiva".

Entretanto, cinco de los siete magistrados consideraron que la violación al principio de justicia pronta y cumpliada "no justifica ordenar la libertad de los amparados, puesto que, como ya se indicó, reiterada jurisprudencia de esta Sala ha declarado procedente la prisión preventiva cuando existe sentencia condenatoria".

Diputado Frente Amplio, gerardo vargas

El diputado Guevara dijo que el dinero que los condenados puedan recibir a raíz de este fallo no compensa la pérdida de la libertad.

"Lo lamento muchísimo", manifestó. El libertario espera que la orden de prisión preventiva la revoque el juzgado de apelación al revisar la sentencia del Tribunal de Pococí.

La condena de 12 años de prisión del pasado 16 de setiembre pasó por tres juicios y aún no está en firme.


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