Expresidente de El Salvador ante la justicia por cargos de corrupción

acusado​Elías Antonio Saca, de 53 años, fue detenido el 30 de octubre de 2016 y está recluido en el centro Penal La Esperanza

El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, junto a seis de sus colaboradores, acudió este lunes a una audiencia judicial para hacerle frente a cargos de peculado y lavado por el supuesto desvío de 298 millones de dólares.

"Es una audiencia en donde el juez debe valorar las pruebas del caso, determinar si son suficientes y robustas para que el proceso judicial continúe en contra del expresidente Saca y los otros involucrados", explicó a la AFP un portavoz del Centro Judicial Isidro Menéndez.

El caso involucra al expresidente Saca, su exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank, el expresidente de la empresa estatal de Aguas César Funes, y los colaboradores Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera, acusados de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

Antes del inicio de la audiencia en un tribunal de San Salvador, defensores de los exfuncionarios solicitaron que la audiencia fuera suspendida pues no habían podido revisar nuevas pruebas que la fiscalía presentó ante el juzgado.

"Estamos pidiendo igualdad de condiciones, la fiscalía ha presentado nuevas pruebas contra nuestros clientes, que como defensa no hemos tenido oportunidad de revisar y que nuestros clientes no conocen", declaró a periodistas el abogado de Saca, Mario Machado.

Saca, de 53 años, fue detenido el 30 de octubre de 2016 y está recluido en el centro Penal La Esperanza, en el norte de San Salvador.

Saca es el tercer exmandatario salvadoreño en ser procesado por enriquecimiento ilícito o por desvíos de recursos públicos.

Los otros dos son Francisco Flores (1999-2004), quien el 30 de enero de 2016 murió de un derrame cerebral mientras cumplía arresto domiciliar, y Mauricio Funes (2009-2014), actualmente asilado en Nicaragua y que en noviembre del año pasado fue declarado culpable de enriquecimiento ilícito.

Un juzgado ordenó a Funes devolver al Estado 206.665 dólares y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por diez años, una sentencia apelada en enero por el exmandatario.