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Fallo que sepultó "Ley de Aguas" disminuye posibilidades a iniciativas populares, según diputado

Congresista y presidenta del AyA coinciden en necesidad de actualizar normativa vigente

El fallo de la Sala Constitucional que sepultó el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico disminuye las posibilidades a las iniciativas populares, a criterio del diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo Araya.

Durante su participación la mañana de este jueves en el programa Nuestra Voz, el congresista se refirió con preocupación a la resolución del tribunal ya que sienta un precedente que da posibilidades a los diputados de trabar los proyectos de ley impulsados por la ciudadanía, para que finalmente sean bloqueados por un incumplimiento de plazos, tal y como sucedió con la "Ley de Aguas".

Araya, férreo opositor al expediente 17.742 junto a la bancada de su partido, fue uno de los firmantes de la consulta constitucional que detonó el fin de la iniciativa por retrocesos ambientales que, entre otras cosas, permitían el consumo por igual del recurso fincas de 35 hectáreas y en casa de habitación así como la disminución de la protección de las áreas de recarga acuífera, de las áreas de infiltración y de las áreas de reserva alrededor de las nacientes.

"La Sala plantea un tema que a mí me preocupa porque puede afectar todo lo que tenga que ver con proyectos de iniciativa popular. De acuerdo con lo que ha trascendido lo que se está planteando es que entonces si un proyecto de iniciativa popular se le pasa el plazo de dos años que tiene para ser tramitado, ya no se puede tramitar. Si eso es así, todo proceso de iniciativa popular en el que algunos diputados no quieran que avance bastará porque lo bloqueen por dos años para matarlo, violentando el principio y la lógica de la iniciativa popular", indicó el legislador.

"Están atentando contra el mismo principio de iniciativa popular", agregó.

Con la resolución constitucional, Araya se cuestionó a quién le interesaría proponer un proyecto de ley que fácilmente podría ser frenado por diputados opositores sin darle una solución.

El abogado, especializado en temas de ecología, piensa que, en cambio, el plazo debería obligar a los miembros de la Asamblea Legislativa a discutir y votar la propuesta en el plazo que establece la Ley de Iniciativa Popular.

Nuevo proyecto

La presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, recordó que desde antes de ser jerarca ha abogado por una ley que modifique la correspondiente a 1942, ya que la misma no responde a las necesidades y problemáticas que giran alrededor de la conservación del agua.

Entre las dificultades que se presentan en la actualidad destaca la carencia de herramientas jurídicas para sancionar a los responsables de la contaminación de las fuentes del recurso, vital para la vida.

En la misma línea se manifestó Araya, quien aboga por una urgente modernización de la normativa mediante un proyecto nuevo que esté libre de intereses económicos de diferentes sectores.