Fallos de Sala IV y Procuraduría evidencian "desinterés" de INCOPESCA en el ambiente

En al menos cuatro ocasiones desde 1990 la Sala Constitucional de Costa Rica ha tenido que frenar medidas que atentan contra el ambiente y que han sido apoyadas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). Asimismo, en un caso más, fue la Procuraduría General de la República la que debió actuar.

Así lo resumieron ambientalistas que participaron este viernes en Nuestra Voz, quienes evidenciaron con ello la supuesta falta de interés de la entidad en la protección del ambiente.

Los casos corresponden a la matanza de la tortuga verde en la provincia de Limón, la descarga de aletas de tiburón en muelles privados, la creación de granjas atuneras en Golfito y la pesca de arrastre.

El científico ambientalista, Randall Arauz aseguró esta mañana en el programa Nuestra Voz, que uno de los recursos de amparo se presentó en 1990 por la preocupación que tenían diversos sectores por una iniciativa que permitía matar a 1.800 tortugas verdes de julio a setiembre y cuando se le hizo el reclamo a INCOPESCA la entidad sustentó su decisión en investigaciones realizadas en 1950, es decir, análisis atrasados a la época.

Otro recurso de amparo se presentó en el 2006 cuando embarcaciones taiwanesas estaban trayendo aletas de tiburón y la descarga de las mismas se realizaba en muelles privados.

"Cuando se reclamó a INCOPESCA ellos dijeron bueno talvez sea ilegal pero pobrecitos no tienen un muelle público donde puedan descargar, hay que dejarlos usar el muelle privado. Una violación total a la ley. INCOPESCA, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Aduanas se juntaron y dijeron que era legal. Luego de esto la Sala Constitucional cerró los muelles privados para la flota extranjera", explicó Arauz.

En el 2007, el Instituto planeaba hacer granjas atuneras en el sector de Golfito, donde las estructuras iban a tener siete kilómetros de largo y un kilómetro y medio de ancho. Los científicos solicitaron los estudios técnicos de impacto ambiental e INCOPESCA no los brindó. Entonces, en ese momento presentaron el primer recurso de amparo por no dar información pública. Seguido a esto, la entidad envió los estudios que Arauz calificó como "mal hechos y con errores". Por esa razón se interpuso un recurso de amparo contra la actividad y la Sala falló de modo que las granjas atuneras fueran cerradas.

El último fue en agosto del 2013, este es el fallo que se dio contra la pesca de arrastre y donde se dijo que no se podía practicar esta actividad a menos de que existieran estudios que explicaran su sostenibilidad y que se diera una reforma a la ley. a Raíz de este fallo y la intención de INCOPESCA de reactivar la práctica mediante la entrega de nuevas licencias, los magistrados resolvieron este jueves dar curso a uno de cuatro recursos de amparo presentados, con lo cual detuvo de momento la entrega de permisos mientras se estudia el caso.

"INCOPESCA apesta (...). Los científicos y biólogos de esta ente no están permitiendo que la ciencia influya en sus decisiones. Todas las decisiones son políticas y vienen de arriba a favorecer intereses privados", enfatizó Arauz.

El otro caso relacionado con la entidad y contra el ambiente tiene que ver con las embarcaciones taiwanesas que se aceraban en 2012 a Puntarenas con aletas amarradas al tiburón e INCOPESCA les permitía este tipo de acciones.