Familiares de víctimas de tragedia por rafting en Quepos denuncian desinterés de autoridades

QuejaQuejas involucran al Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo

Los familiares de dos de los cuatro estadounidenses fallecidos en la tragedia acuática ocurrida el 20 de octubre en Quepos, Puntarenas, denunciaron este miércoles muestras de irrespeto y falta de interés de parte de las autoridades costarricenses.

Javier Caso, Ernesto Sierra y Margarita Estrada dijeron en el programa radiofónico Nuestra Voz estar decepcionados por las experiencias que vivieron en el último mes al reunirse con altos cargos de Turismo y Salud, al aducir que estos les dieron un trato inhumano en la búsqueda de respuestas por lo que consideran una "acción criminal" en la que murieron sus hijos Jorge Caso y Ernesto Sierra, además de Sergio Lorenzo, Andrés Dennis y Kevin Thompson (guía costarricense).

Lea: Cuatro turistas norteamericanos y kayakista fallecen en vuelco de balsas en Quepos.

Ellos formaban parte parte del grupo de 14 amigos que se encontraba en Costa Rica celebrando la despedida de soltero de Luis Beltrán y que, como parte de sus actividades recreativas, practicó rafting en el río Naranjo a pesar de las malas condiciones del tiempo.

"Como es lógico empezamos a hacer averiguaciones porque queremos saber qué es lo que pasó, cuáles eran las responsabilidades de cada quien y nos dimos a la tarea de intentar contactar con cada una de las autoridades costarricense y en realidad han sido decepcionantes, en general, todas las entrevistas que hemos tenido con cada uno de los ministerios de la parte ejecutiva del país", explicó Caso.

Sin embargo, el gerente general del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Alberto López, - al ser consultado por AmeliaRueda.com- rechazó que los ciudadanos norteamericanos recibieran un mal trato en las dos citas en las que él participó con ellos.

El funcionario fue el primero en recibir a los padres de las víctimas "unas cuatro semanas atrás" luego de que estos se apersonaran a solicitar una reunión con la presidenta ejecutiva de la entidad y ministra de Turismo, María Amalia Revelo, quien no pudo recibirlos ya que se encontraba fuera del país.

Según López, en esa ocasión conversaron sobre aspectos relacionados a la pesquisa que lleva a cabo el Ministerio Público, los niveles de responsabilidad del ICT en la entrega de credenciales y licencias a las empresas operadoras de rafting, y sobre una nota que le habían dirigido a la jerarca y de la cual no habían recibido respuesta.

Lea: Fiscalía allanó empresa responsable de tour en rafting en el que murieron cinco personas en Quepos.

Luego se coordinó un segundo encuentro con la presencia de Revelo, el cual se hizo a través de una videollamada.

Los afectados aseguraron haberse reunido con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) y la Fiscalía General de la República, donde afirmaron que el recibimiento fue distinto.

Responsabilidades

Javier Caso criticó fuertemente al Gobierno de la República y lo instó a tomar medidas inmediatas para regular las actividades de turismo extremo, de manera tal que se establezcan protocolos de rescate y nuevas normativas "para que ningún padre, ni nacional ni extranjero, tenga que sufrir lo que nosotros vamos a sufrir de por vida".

El estadounidense insistió en que es inaceptable que el ICT no tenga un control estricto sobre las empresas que ofrecen ese tipo de servicios.

Alberto López, gerente del ICT, explicó que esa actividad está incluida en el Reglamento de Turismo de Aventuras, modificado en 2016, donde se indica que es el Ministerio de Salud el que debe velar mediante inspecciones por el cumplimiento de las condiciones de operación.

Lea: “Perdí a cuatro hermanos”: turista que vino al país a despedida de soltero que terminó en tragedia.

Esa normativa limita la participación del Instituto al otorgamiento de credenciales a los guías, las cuales son de carácter voluntario.

AmeliaRueda.com solicitó una reacción del Ministerio de Salud, no obstante, al cierre de esta publicación no fue posible obtenerla.

Un día después del vuelco de la balsa, la Fiscalía de Quepos y Parrita allanó las oficinas de la empresa organizadora Quepoa Expeditions, así como la casa del administrador de la misma, con el fin de asegurar prueba que permita determinar si existió o no delito en el incidente.

El caso se investiga bajo el expediente 18-001456-072-PE y permanece en la fase preparatoria a la espera de un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).