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La Fiscalía solicita la apertura de juicio en contra de Albino Vargas, representante de la ANEP.

Albino Vargas acusado de instigación pública, Fiscalía pide apertura de juicio

El proceso arrancó por denuncias de los abogados Gloria Navas y Rubén Hernnadez, quienes acusaron al sindicalista de promover actividades ilegales como bloqueos en zonas fronterizas y las principales rutas del país a mediados del año pasado.

El dirigente sindical y secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, fue acusado por la Fiscalía Adjunta de San José por el delito de instigación pública. Así lo confirmó la abogada Gloria Navas, a quien ya se notificó sobre el trámite como parte denunciante.

La denuncia en contra de Vargas había sido presentada por los abogados Navas y Rubén Hernández, quienes acusaron al sindicalista de abusar de su derecho de opinión y transgredir garantías fundamentales de la ciudadanía.

Los abogados criticaron, a mediados del 2019, que Vargas habría pedido bloquear fronteras y las principales rutas del país como medio de manifestación, cuando gremios sindicales solicitaban la renuncia del entonces ministro de Educación, Edgar Mora.

Lea: Fiscalía indagó a Albino Vargas por supuesto delito de instigación pública

Vargas tuvo que rendir su declaración ante la Fiscalía por este caso en octubre de pasado, cuando se le convocó como imputado. En aquel momento, dijo que únicamente hacía uso de "su derecho humano de libertad de expresión".

"Por supuesto que niego rotundamente los cargos de que yo incitara a alguien a que fuera a cometer un delito; jamás, nunca hemos sido promotores de la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Estamos tranquilos y vamos a esperar a que la Fiscalía resuelva si desestima el caso o si sigue el proceso", afirmó en aquel momento, con el respaldo de representantes gremiales.

Vargas también señaló que analizaba las denuncias y las pesquisas como un ataque en contra de la actividad sindical para obligarlo a desistir de "la lucha social".

El delito de instigación pública se castiga con penas que van desde los seis meses hasta los cuatro años de prisión.

La abogada Navas afirmó que los querellantes del proceso plantearán una ampliación de su proceso, pero que antes revisarán los cargos que hace el Ministerio Público. "Ahora ampliaremos y ofreceremos más prueba", concluyó.