Fiscalía allana INVU y BANHVI para buscar pruebas por presunto tráfico de influencias

INVESTIGACIÓN​Casos se remiten a irregularidades en el manejo de dos proyectos habitacionales de bien social en Guararí de Heredia

El Ministerio Público y agentes de la sección de fraudes del Organismo de Investigación Judicial, allanaron la mañana de este miércoles la sede central del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en Barrio Amón, en el centro de San José, para buscar pruebas por presunto tráfico de influencias.

De forma simultánea se desarrolló otro allanamiento en las instalaciones del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) en San Pedro de Montes de Oca por la misma investigación.

fiscal adjunto, francisco fonseca

El fiscal adjunto, Francisco Fonseca, explicó que los allanamientos se desarrollan luego de que el Ministerio Público recibiera un denuncia de cuatro personas que consideran fueron excluidas de dos proyectos habitacionales de bien social del INVU en Guararí de Heredia, por presunto tráfico de influencias.

De acuerdo con el fiscal los denunciantes señalan que el INVU los excluyó de las listas de beneficiarios para los proyectos de vivienda para incluir a familiares de funcionarios que laboran en la institución.

Se trata de los proyectos de bienestar social Villa Paola y Radial 2 ubicados en Guararí de Heredia.

De acuerdo con Fonseca, la investigación todavía no tiene funcionarios imputados y los allanamientos de este miércoles son las primeras acciones ejecutadas por las autoridades para buscar pruebas que permitan sustentar la denuncia o descartarla. Los agentes judiciales recabaron prueba documental y digital.

FISCAL ADJUNTO de san josé, FRANCISCO FONSECA

La Fiscalía aclaró que las investigaciones que motivaron los allanamientos de este miércoles no se relacionan con los informes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR) el pasado 18 de agosto.

En ente contralor señaló que el Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU se encuentra en riesgo a raíz de diversas irregularidades en su administración.

Uno de los hallazgos principales es que la entidad giró recursos a personas jurídicas, lo cual no está contemplado en los fines legales del Sistema.

Según la Ley 1788, el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) tiene como objetivo destinar recursos exclusivamente a financiar casas de habitación a personas físicas, con la finalidad de brindar una solución a la problemática de vivienda del país.

Lilliam Marin, encargada del Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía de la Contraloría, informó que la trasferencia de dichos fondos causó una disparidad en los dineros otorgados, ya que, por ejemplo, una persona jurídica adquirió 585 contratos por ¢4.216 millones, y solo ¢531 millones se constituyeron en crédito para vivienda.