Fiscalía Anticorrupción investiga operación de software para espiar a usuarios del ICE

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió el 17 de abril una causa por la creación de una software en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que en apariencia es utilizado para espiar a sus usuarios a través de sus celulares.

Grupos de trabajadores de esa entidad acudieron a los diputados Mario Redondo Poveda y Patricia Mora Castellanos para denunciar la existencia del Sistema de Localización de Llamadas (SILOCIL) que en apariencia opera en la Dirección de Protección y Seguridad Institucional (DPSI) del ICE al margen de la ley, ya que ese tipo de mecanismos no pueden funcionar fuera del Poder Judicial según lo establece un documento emitido por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en 2016.

El tema fue revelado este miércoles en el Plenario por Redondo; el legislador profundizó sobre el caso la mañana de este jueves en el programa radiofónico Nuestra Voz.

Las pruebas presentadas y analizadas motivaron a los legisladores a acudir el 15 de marzo del 2018 al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, para solicitarle una investigación a la brevedad, indicándole incluso los servidores que dan soporte al software están situados en el bloque C de las instalaciones centrales del ICE.

El jefe de la Policía Judicial trasladó la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción y está dio apertura al expediente 18-000078-0033-PE para indagar penalmente el posible delito de divulgación de secretos, según consta en el oficio FGR-155-2018 que el Ministerio Público remitió a los congresistas.

"Nosotros creemos que el tema es serio y peligroso. Tiene que ser investigado y esclarecido en todos sus extremos, de ahí que estemos hablando de algo que podría comprometer la privacidad de los usuarios de los servicios e incluso un mecanismo que podría rastrear la ubicación de las personas en todo momento mediante la ubicación de las señales que envían los teléfonos, ubicándolo en todo momento", explicó Redondo.

De acuerdo con el parlamentario, el ICE ya había adquirido un dispositivo similar llamado LOCATIX, cuyos costos motivaron al director de Protección y Seguridad Institucional, Juan de la Cruz Brenes Solera, a solicitar el desarrollo de uno propio, tal y como consta en el documento DMRP-044-18 remitido a Espinoza semanas atrás, del cual este medio tiene copia. El nuevo sistema está supervisado por César Alpízar Murillo, un subalterno de la Dirección.

"Esto se une también a algo que denunciamos hace varias semanas, que es el traslado de los funcionarios y del área que se encarga de la seguridad de la red, de una parte absolutamente técnica, a una parte a cargo o bajo la dirección de una persona que en 2011 fue condenado por la Sala Constitucional por violación a la integridad y privacidad de otros funcionarios", agregó el diputado sin detallar el nombre.

Negación categórica

Este jueves el Instituto Costarricense de Electricidad reaccionó y emitió un pronunciamiento que niega "categóricamente" el uso de herramientas tecnológicas en la red de telecomunicaciones sin la autorización de un juez.

"Los requerimientos judiciales se atienden con celeridad y en apego a los más estrictos estándares de seguridad, que garantizan la confidencialidad de la información requerida por las autoridades en sus investigaciones", indica el anuncio.

Al mismo tiempo, la entidad desmiente haber adquirido softwares o equipos para la intervención de llamadas telefónicas, ya que dos años atrás se creó el Centro Nacional de Intervenciones, adscrito al Poder Judicial, el cuál es la única instancia que por ley puede ejecutar esa gestión.

Por último, la institución afirma desconocer la existencia de causas abiertas su contra por divulgación de secretos, no obstante, indica estar anuente a atender todas las consultas que provengan de las instancias pertinentes.