Fiscalía abre investigación por estafa con alquiler de carros en campaña de alcaldes de PLN de 2010

La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió una nueva investigación por una aparente estafa del Partido Liberación Nacional (PLN) con el alquiler de vehículos durante las elecciones municipales del 2010.

El Ministerio Público confirmó, a través de su oficina de prensa y a partir de una consulta de AmeliaRueda.com, que la pesquisa se abrió el 9 de octubre de 2020; mismo día en que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le remitió un informe de supuestas irregularidades ocurridas en una cuenta liquidada por los verdiblancos.

De acuerdo con el órgano acusador del Estado, el caso por ahora se tramita contra ignorado. Esto quiere decir que existen personas imputadas individualizadas.

A la investigación se le asignó el número de expediente 20-000196-1218-PE y se mantiene en la etapa de recolección de pruebas, "por lo que no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal", indicó el departamento de comunicaciones del Ministerio Público.

La causa penal se deriva de una relación de hechos contenida en el documento DFPP-IE-006-2020 -compuesto por 700 folios- que el diario La Nación dio a conocer el 4 de enero anterior.

Ese mismo día, en entrevista telefónica con este medio, el director general de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Héctor Fernández Masís, explicó que el documento se preparó a partir de una revisión realizada a los reportes de gasto que hizo la agrupación a la autoridad electoral.

"Con la liquidación presentada para la elección municipal de 2010, que se presentó a mediados de 2011, se empezó a hacer un ejercicio de comprobación y a raíz de este control, se abre después un proceso de investigación y se llega a que el rubro de arrendamiento de vehículos de la liquidación presentaba algunas anomalías y por eso se le envió el asunto, el expediente a la Fiscalía, para que fueran ellos quienes calificaran si de esos hechos investigados podría o no derivarse la comisión de algún hecho delictivo", manifestó el funcionario.

Fernández Masís indicó que no podía ahondar en mayores detalles ya que se tiene una pesquisa en curso.

"No le puedo dar más detalles porque eso está protegido legalmente... normativamente hay una restricción confidencial por tratarse de materia punitiva y estar en proceso de investigación", manifestó el director del Registro Electoral.

Sin embargo, de acuerdo con la publicación de La Nación, que cita partes del documento, el Tribunal identificó las irregularidades a partir de un patrón que determinó en los contratos suscritos en Tibás, Dota, Puriscal, San Carlos, Atenas, Belén, Sarapiquí, San Rafael y Buenos Aires; por un monto de ¢34,8 millones.

Las supuestas anomalías se extienden entonces en una partida total de ¢214,5 millones.

Según el periódico, la autoridad electoral halló que los acuerdos se suscribieron con militantes cercanos al partido e, incluso, con personas que tenían vínculos de consanguinidad con candidatos a alcalde de los cantones. A estos, presuntamente, se les solicitó que brindaran su cédula, licencia de conducir y derecho de circulación para que un tercero retirara los cheques que les correspondían.

De esa manera, tesoreros cantonales o terceros en apariencia se encargaron de conseguir el endoso del beneficio y, luego, endosar el cheque de nuevo para disponer de los fondos en otros gastos.

El Tribunal además señaló una supuesta falsificación de las firmas en los recibos de dineros, de donaciones no reportadas y del uso de cuentas bancarias de terceros para evadir controles estatales, destaca el rotativo.

Asimismo, el órgano electoral le atribuye la responsabilidad de los supuestos hechos a la entonces cúpula partidaria.

Lea: TSE denuncia al PLN por supuestas anomalías con alquiler de vehículos en elección municipal de 2010

Campaña presidencial bajo la lupa

Poco más de ocho años antes del informe sobre las aparentes irregularidades con el arrendamiento de autos para los comicios municipales de 2010, el Tribunal Supremo de Elecciones envió al Ministerio Público un informe por presuntas anomalías con la misma partida, pero en la liquidación de la campaña presidencial de ese año.

Inicialmente, la autoridad electoral denunció el 4 de mayo de 2012 a 90 militantes verdiblancos tras detectar, mediante una revisión de la información suministrada en la constancia de gastos de aquellos comicios (en los que resultó ganadora la entonces candidata liberacionista, Laura Chinchilla Miranda), que la agrupación cobró ¢400 millones por alquileres de vehículos con contratos supuestamente falsos.

El Tribunal incluso determinó que cheques destinados al arrendamiento de transportes, se usaron para sufragar servicios de alimentación, papelería y hasta el pago de secretarias.

Sin embargo, una vez en manos de la Fiscalía, el caso se desagregó -por política de persecución penal de ese momento- en 36 expedientes, divididos según el cantón y encargados a despachos del correspondiente área de cobertura, en vez de tramitarse en uno solo y mediante la Unidad de Delitos Electorales de la Fiscalía Anticorrupción, como sí ocurrió con una simulación de contratos de servicios especiales del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las siete provincias o con las falsas capacitaciones que cobró el Partido Movimiento Libertario (PML) en distintos cantones.

Del total de causas, 21 fueron desestimadas y en 7 se pidió al respectivo Juzgado Penal que dictara un sobreseimiento definitivo en favor de los dirigentes. Dos expedientes más permanecían congelados en San Joaquín de Flores y Tarrazú, mientras que tres más continuaban en investigación "contra ignorado" en La Unión, Cartago y Batán.

Solo una de las causas llegó hasta ahora a una sede jurisdiccional con pieza acusatoria y solicitud de apertura de juicio. Se trata del expediente 12-000832-042-PE, en el que se le atribuye una aparente estafa a 24 dirigentes de la agrupación en San José.

Se trata del exdiputado Óscar Alfaro Zamora, al exrepresentante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Jorge Wálter Bolaños Rojas, además de 14 hombres de apellidos Abarca Meléndez, Calderón Mayorga, Cartín Serrano, Chaves Rodríguez, Contreras Montoya, Madrigal Zeledón, Matamoros Ramírez, Parra Montero, Rizo, Rodríguez Jiménez, Stins Ham, Vargas Rojas, Vega Morúa y Pol Araya; así como ocho mujeres: Guevara Villalobos, Guzmán Cruz, Pérez Sequeira, Quesada Pérez, Rodríguez Rojas, Sánchez Chavarría, Torres Madrigal y Vega Montero.

La audiencia preliminar -momento procesal en el que se decide si procede o no la programación de un debate oral- de esa causa está pactada para realizarse entre el 3 y 5 de marzo de 2021, según lo dio a conocer dos días atrás AmeliaRueda.com.

No obstante, para que el expediente relativo a San José llegara a ese punto tuvo que superar más de cinco años de trámite entre 2012 y 2017. Ese último año la entonces interina y ahora actual fiscala general, Emilia Navas Aparicio, fijó como fecha máxima para concluir las pesquisas el 1° de diciembre.

A pesar de que desde ese momento la etapa de investigación se dio por culminada, la causa no fue remitida al Juzgado Penal de San José hasta el 10 de junio de 2019. Además, la fecha de realización de la cita ha sido traslada en al menos dos ocasiones, en abril y noviembre del año pasado.

Lea: 24 dirigentes del PLN sabrán en marzo si irán a juicio por estafa al TSE