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Con un débil marco legal, Fiscalía enfrenta reto de transparentar sus procesos, señalan magistrados

​Juez de Sala Constitucional señaló que Ministerio Público debe rendir cuentas cuando un caso se estanca por años

Un débil marco legal y la falta de transparencia en su gestión son parte de los retos que tiene por delante el Ministerio Público, afirmaron este martes magistrados de la Corte Suprema de Justicia que participaron en un foro en el programa Nuestra Voz sobre el camino a seguir en el Poder Judicial.

La Fiscalía no se encuentra en su mejor momento frente a la opinión pública debido a todo lo relacionado con la actuación, principalmente del jerarca Jorge Chavarría (suspendido), en el caso del cemento chino.

Parte de la polémica se derivó luego de que desde el Ministerio Público se enviará a la Sala III el proyecto de desestimación del expediente que se llevaba en contra de los diputados Otto Guevara y Víctor Morales por supuesto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Bolaños, a pesar de la existencia de un informe de intercambio de llamadas entre los involucrados.

Aunque posteriormente se volvió a abrir la causa, esta llevaba dos años en la Fiscalía.

Es por lo anterior que el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, indicó que uno de los retos que tiene el Ministerio Público es transparentar los procesos que lleva, principalmente los relacionados con las desestimaciones para conocer por qué se llega a este proceso. También indicó como necesario informar a la ciudadanía cuando un caso se estanca y los motivos que derivan en esta situación.

"Un tema que ha generado problema y que la Fiscalía tiene que resolver, tratando de establecer un procedimiento, es el tema de las desestimaciones. Las desestimaciones generan en este ambiente que vivimos un sospechómetro tan terrible de que todo está mal, que todo es corrupto, que todo es una desviación de poder. La Fiscalía debe establecer un sistema transparente en relación a esto", externó el juez.

Por su parte, el también magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda, señaló que el Ministerio Público necesita rendir más cuentas y mayor fiscalización. Uno de los casos más evidentes de esta falta de revisión es que en el Estado de la Justicia nunca se han mencionado la labor de este órgano.

El juez aseguró que el marco normativo de la Fiscalía es débil y requiere de herramientas para cumplir a cabalidad su función.

"Tenemos una ley orgánica del Ministerio Público que tiene 17 años que son cuatro articulitos muy flojita, muy inútil para la realidad que vive el Ministerio Público, y eso tendrá que discutirse en algún momento", manifestó Rueda.

El magistrado insistió en que a la Fiscalía se le ha debilitado mediante la creación de organismos que le restan las competencias que debería tener esta entidad.

"Los legisladores han optado por crear figuras como la Procuraduría de la Ética, contra la que no tengo nada, pero nos dice cómo la clase política trata de jalar para su lado porque en lugar de fortalecer el Ministerio Público cuando en algún momento algunos sugerimos darle rango constitucional e inmunidad al fiscal para que pudiera investigar a todos los miembros de los supremos poderes sin tener problemas de jerarquías, yo tengo que decir que a lo interno de la Corte recibí que casi una regañada cuando hablé del tema", externó el juez.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, compartió las preocupaciones de sus compañeros e indicó que otra discusión que se debe poner sobre la mesa es quién debe elegir a la persona que ostenta el cargo de fiscal general, con la finalidad de establecer un mecanismo que le dé más independencia y que le reste injerencia política en la toma de decisiones.

La Fiscalía recibió recientemente un remezón luego de que la cúpula del Poder Judicial decidiera suspender por tres meses al fiscal Jorge Chavarría.

La medida se toma mientras se investiga si indujo a error a la Sala Tercera al recomendar, la Fiscalía General, la desestimación de una causa penal contra los diputados Morales y Guevara por el supuesto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Bolaños.

En su lugar, se nombró a Emilia Navas, como jerarca interina del Ministerio Público.