Involucrados se exponen a pena que va de seis meses a tres años de prisión
15/01/16 | 16:46pm
Por el supuesto delito de matrimonio ilegal, el Ministerio Público investiga, desde inicios de este mes, a Laura Flórez-Estrada y Jazmín Elizondo. Ellas contrajeron matrimonio el pasado 25 de julio.
Dentro de la investigación bajo el expediente 15-000902-0612-PE también figura el abogado que las casó, Marco Castillo, y los testigos de apellidos Sánchez González y Villalta Florez, confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía.
El artículo 176 del Código Penal estipula que "serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años los que contrajeren matrimonio, sabiendo ambos que existe impedimento que causa su nulidad absoluta".
Mientras que en el punto 6 del artículo 14 del Código de Familia se expresa que es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Flórez-Estrada detalló que la notificación de que se les indagará por esta causa la recibieron el pasado 4 de enero.
La denuncia fue interpuesta contra la pareja por el Registro Civil, el 9 de noviembre del año pasado, por haberse valido de un error suyo al registrar a Elizondo como hombre y de esa manera efectuar el casamiento.
La vocera del Ministerio Público indicó a AmeliaRueda.com mediante un correo electrónico que este jueves se llevó a cabo la indagatoria al abogado Castillo, quien "prefirió acogerse a su derecho como imputado y abstenerse de declarar".
Consultado, el activista explicó que quien se referirá al tema sería el vocero del Movimiento Diversidad, Rodrigo Campos. Él aseveró que Castillo se declaró inocente.
Añadió que la próxima semana Castillo presentará la documentación del descargo ante las autoridades.
Como medida para poner una pausa al proceso penal, el matrimonio interpuso este miércoles una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV en contra del punto seis del Artículo 14 del Código de Familia, el cual impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Según explicó Flórez-Estrada con este recurso, ella y su esposa anhelan que la legislación costarricense se modernice y no las comparen con "delincuentes o pederastas", indicó.
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