Casi la mitad de recursos repartidos por Fonatel para proyectos comunitarios ha sido para Claro

Claro ejecuta la mayoría de los recursos que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) ha girado a las operadoras de telecomunicaciones para desarrollar proyectos de Internet y telefonía en zonas rurales.

Este fondo se creó con la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642, que entró a regir en junio de 2008, y que ordenó a todas las empresas participantes de este sector dar una contribución parafiscal, cuyo monto define cada año la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Los recursos deben ser reutilizados en proyectos de telefonía y acceso a Internet en aquellas zonas en donde las empresas no tienen cobertura. Las propias firmas pueden concursar por esos recursos a modo de subsidio para que lleven a cabo los proyectos, y se garantice acceso universal a los servicios en esas comunidades.

De esta forma, de los $24,9 millones que ha repartido el fondo desde su creación, un 47,6 por ciento han sido para la operadora de origen mexicano.

En total se han sacado a concurso 13 proyectos, de los que Claro ha logrado ganar cuatro por un monto total de $11,9 millones.

En todos los casos los proyectos consisten en la instalación de redes de telecomunicaciones que permitan a los usuarios conectarse a Internet o acceder a telefonía.

En Pérez Zeledón por ejemplo, se implementa una banda ancha fija de hasta 6 Megabites (MB) para centros educativos y locales de servicios, así como un servicio de telefonía fija.

En Sarapiquí, Upala y San Carlos, además de la conexión a Internet en escuelas, colegios y Cecis locales se debe implementar un servicio de telefonía -fija o móvil- para los habitantes.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a pesar de que ha ganado más proyectos (6 en total), acumula un 32,4 por ciento de los recursos con $8,1 millones.

La empresa estatal desarrolla infraestructura para proveer de Internet y telefonía a las localidades de la Roxana de Pococí, Buenos Aires, Coto Brus, Golfito, Corredores y Osa

Mientras que la firma de origen español Movistar se ha adjudicado $4,9 millones por tres proyectos en Siquirres, Los Chiles y Guatuso, las tres para el mismo tipo de servicios también para estudiantes, centros de salud y población en general.

Las diferencias obedecen a la magnitud de las iniciativas. Mientras los proyectos adjudicados a Claro pretenden beneficiar con telefonía e internet a unas 211 mil personas en 509 poblados, los proyectos del ICE beneficiarían a 144 mil habitantes de 465 poblados.

Los de Movistar por su parte impactarían a 43 mil personas en 130 centros de población.

Los datos se desprenden de un análisis efectuado por AmeliaRueda.com con base en cifras proporcionadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de los proyectos adjudicados hasta la fecha.

Del análisis también se desprende que existen zonas en donde la presencia de cada empresa es más notoria.

Por ejemplo de los seis proyectos ganados por el ICE, cinco se ubican en la zona sur del país y solo uno en el Caribe. La empresa estatal no posee adjudicaciones en la Zona Norte.

En contraposición de los cuatro proyectos que administra Claro, tres de ellos son en la Zona Norte y solo uno en el Sur.

Experiencia de los participantes

Para las empresas que han tomado parte de los concursos, la experiencia ha sido buena y han encontrado receptividad en las comunidades y facilidades para llevar los servicios, aunque están conscientes de que existen aspectos por mejorar.

De acuerdo con el gerente regulatorio de Claro, Víctor García, en los cantones donde la empresa ha ejecutado proyectos de Fonatel ha encontrado un alto nivel de compromiso de las autoridades municipales para la rápida ejecución de los proyectos.

No obstante achaca a que han existido obstáculos institucionales en el gobierno central, especialmente en la Secretaría Técnica Ambiental (Setena).

"Fonatel enfrenta importantes desafíos en materia de articulación institucional, pues el sentido de urgencia en la ejecución de los proyectos, así como la existencia de un marco normativo adecuado para el desarrollo de la infraestructura en las comunidades beneficiadas, siguen siendo temas pendientes en algunas instituciones... hay varias comunidades que ya deberían de contar con acceso a servicios de banda ancha pero aún se encuentran a la espera de que Setena admita las solicitudes", detalló García.