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​"Fuera, fuera!": trabajadores del Poder Judicial exigen destitución de magistrados amonestados

Funcinarios piden que se publique nombre de los jueces que votaron en contra de suspensión

Decenas de trabajadores del Poder Judicial sacrificaron su hora de almuerzo para lanzarse a la Plaza de la Justicia y exigir la renuncia de los magistrados que fueron amonestados por desestimar una causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, señalados por tráfico de influencias en el caso del cemento chino.

Vestidos de negro, los manifestantes estuvieron cerca de dos horas frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia para lanzar críticas a los altos jueces.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), Hernán Campos, explicó que el fin de la movilización es hacerle un llamado a la Corte Plena para pedir que su presidente, Carlos Chinchilla, renuncie al cargo o se jubile debido a que un informe lo señala de haber cometido una falta grave.

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De igual manera se dirigen a la presidenta de la Sala de Casación de Penal, Doris Arias; el magistrado titular, Jesús Ramírez, y la suplente, María Elena Gómez.

Ante los nombres mencionados en cada una de las intervenciones en alto parlantes, los presentes coreaban en grupo el grito de “¡fuera, fuera!”.

Otra de las exigencias tiene que ver con la publicación de los nombres de los 10 jueces que votaron en contra de una sanción contra sus cuatro compañeros cuestionados.

A los cuatro magistrados la Corte Plena acordó abrirles la causa disciplinaria el pasado 6 de diciembre, a raíz de una queja interpuesta el 30 de octubre del 2017 por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), la cual denunció que los jueces desestimaron la causa contra los excongresistas a pesar de que existía una prueba recabada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que revelaba cientos de contactos telefónicos de los entonces miembros de la Asamblea Legislativa con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, quien actualmente está en prisión preventiva.

El informe del OIJ evidenció que entre Guevara y Bolaños existen 608 registros telefónicos entre el 1 de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015; mientras que con Morales son 184.

Dicha desestimación ocurrió el 20 de febrero del 2017 por solicitud de la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, sobre quien cayó la responsabilidad de la desestimación y el lunes fue suspendida dos meses sin goce de salario.

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Sin embargo, luego de que inició el escándalo del cemento chino, dicha desestimación se vino abajo y la Fiscalía solicitó en octubre a la Sala Tercera reabrir el caso contra Guevara y Morales, petición que fue avalada por los altos jueces.

La denuncia contra los exdiputados, que se tramita bajo el expediente 15-000022-0033-PE, indica que antes de noviembre del 2014 se aliaron entre sí "para procurar la reforma al Reglamento Técnico de Cemento, y así variar los requisitos para su venta y con ello ampliar los parámetros, lo cual permitiría al coimputado empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, importar cemento desde China, obteniendo con esto un beneficio patrimonial".

El reglamento vigente para el 2014 establecía que el cemento importado no podía tener más de 45 días desde su empaque.

Un mes después de que se volvió a reabrir el caso contra los exdiputado, en noviembre de 2017, la fiscala Emilia Navas Aparicio allanó las oficinas de ambos exlegisladores como parte de la investigación.

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La Fiscalía General de la República también investiga a los magistrados de Sala Tercera a raíz de la denuncia de ANIC.